Chevron: Ecuador vuelve a perder
Ecuador deberá pagar indemnización a la empresa. Los afectados no podrán ejecutar sentencia que les favoreció.
QUITO • Los afectados de la Amazonía, que plantearon una demanda en contra de TexacoChevron en 2003 no podrán hacer efectiva la sentencia de las cortes nacionales a partir de que el Tribunal Arbitral Internacional de La Haya determinó la responsabilidad del Estado por prejuicios causados a la empresa Chevron-Texaco.
Según el laudo arbitral, el Estado incumplió el artículo 2 del Tratado Bilateral de Inversiones con EE.UU., con tres causales, por lo que establece que deberá pagar una indemnización.
El Estado ecuatoriano es responsable, según el Tribunal Arbitral, por haber denegado justicia por cuanto las cortes del país ratificaron la sentencia de 2011, la cual “fue escrita para el presidente de la corte superior por terceros que le ofrecieron un soborno”.
Tras nueve años de litigio, Ecuador perdió ayer una demanda internacional en contra de la empresa estadounidense Chevron, causante del daño ambiental en Sucumbíos.
El Tribunal Arbitral Internacional de La Haya declaró la responsabilidad del Estado hacia la compañía por violar el artículo 2 del Tratado Bilateral de Inversiones con EE.UU., en el caso conocido como Chevron III.
Según el laudo arbitral, el Estado fue causante de perjuicios en contra de Chevron por tres razones. Primero, por denegar justicia al haber ratificado la sentencia que emitió la Corte Superior de Sucumbíos en 2011, que obligó al pago de una indemnización de 9.500 millones de dólares a los afectados por los daños ambientales.
Esta sentencia, dice el Tribunal, fue “escrita por terceros que le ofrecieron un soborno al juez”. La Corte Nacional de Justicia la ratificó, en 2013, y la Constitucional en julio de 2018.
Segundo, porque existió una “violación al trato justo y equitativo garantizado por el Tratado Bilateral de Inversiones”. De acuerdo con el Tribunal, Ecuador incumplió su obligación de no involucrarse en demandas en contra de la compañía, según los acuerdos de liberación de responsabilidades de 1995 y 1998, entre Texaco y la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, actual Petroecuador.
Finalmente, el país no acató dos laudos arbitrales anteriores que establecían medidas cautelares. Por estas causales, el Estado tendrá que indemnizar a la empresa. En 90 días, el Tribunal iniciará la fase de cuantificación del daño. A la par, la Procuraduría analizará el laudo y decidirá si presentará un recurso de interpretación, en el Tribunal, y otro de nulidad, en las cortes de los Países Bajos.
Responsables
En la sentencia de 521 páginas, el Tribunal expone las acciones legales que se dieron en el proceso. También menciona al expresidente Rafael Correa, sus visitas a Lago Agrio y sus reuniones con afectados. Igualmente, menciona a los abogados de los demandantes dentro de las presuntas irregularidades en la redacción de la sentencia.
Frente a esto, el exmandatario publicó, en su cuenta de Twitter, que “el fallo de La Haya deja establecido que no ha encontrado ninguna evidencia de intervención de mi Gobierno en la Justicia”. Por su parte, Fajardo señaló que “es totalmente falso” y que “no hay una sola prueba real y fehaciente” de que terceros hayan redactado la sentencia de Lago Agrio.
Pero, debido a que el Estado deberá indemnizar a la compañía con un monto “probablemente muy elevado”, según el procurador general, Íñigo Salvador, se ejercerá el derecho de repetición para identificar a los responsables del perjuicio.
La Procuraduría solicitará a la Contraloría auditorías para identificar a los responsables, previo a emprender acciones para recuperar el dinero que fijará el Tribunal.
Según el asambleísta Luis Fernando Torres, “lo más grave es cómo se utilizó el aparato judicial para expedir una sentencia que ha sido objetada a escala internacional y que no podrá ejecutarse”. Por lo que, “cuando se le condene al Ecuador, la pregunta será: de dónde va a salir el dinero para pagar a Chevron”, puntualizó.
Un criterio similar comparte el exprocurador Gustavo Medina, para quien el laudo arbitral es “el más grave revés de orden judicial que ha recibido el Estado. Para la defensa se ha hecho varias contrataciones de estudios profesionales, pero no han tenido un resultado favorable”.
Por otro lado, Hewitt Pate, vicepresidente de Chevron, señaló en un comunicado que la firma “no se complace en mantener disputas con una nación soberana. La compañía invita al Gobierno a hacer esfuerzos para dar cumplimiento a sus obligaciones ambientales largamente incumplidas”.