Cabezas pone denuncia por impuesto al trabajo
La Presidenta de la Asamblea acudió al ente y anunció acciones administrativas.
QUITO • Con pruebas en mano, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, se dirigió ayer a la Fiscalía para denunciar algunos casos que llegaron a su despacho sobre el cobro del ‘impuesto al trabajo’ de parte de asambleístas a sus asesores y personal administrativo.
Uno de los documentos que consignó Cabezas a Ruth Palacios, fiscal subrogante, fue una declaración firmada por la exasesora Martha Campoverde, quien denunció al asambleísta Tito Puanchir por supuestamente haberle cobrado 10.500 dólares para poder acceder al cargo. En la carta, Campoverde explica que pagó 9.000 dólares para obtener el cargo, y luego, para todas las actividades que el asambleísta realizó, ella debía cubrir los gastos de alimentación y movilización.
Fue una sorpresa la llegada de la presidenta Cabezas a la Fiscalía. nciones”.
Con pruebas en mano, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, se dirigió ayer a la Fiscalía para denunciar algunos casos que llegaron a su despacho sobre el cobro del ‘impuesto al trabajo’ de parte de asambleístas a sus asesores y personal administrativo.
Uno de los documentos que consignó Cabezas a Ruth Palacios, fiscal subrogante, fue una declaración firmada por la exasesora Martha Campoverde, quien denunció al asambleísta Tito Puanchir por supuestamente haberle cobrado 10.500 dólares para poder acceder al cargo. En la carta, Campoverde explica que pagó 9.000 dólares para obtener el cargo, y luego, para todas las actividades que el asambleísta realizó, ella debía cubrir los gastos de alimentación y movilización.
Fue una sorpresa la llegada de la presidenta Cabezas a la Fiscalía. Nadie sabía que se iba a dirigir a ese organismo ayer en la mañana. “Estas denuncias ingresaron a mi despacho el jueves a las 10:00. Nosotros queremos sentar un precedente para que esto no siga ocurriendo dentro del Parlamento: aplicaremos las sanciones administrativas a los responsables; pero también son los organismos de justicia los que tienen que aplicar sanciones”, explicó la presidenta.
Por su parte, el asambleísta Tito Puanchir indicó que no tenía conocimiento de la denuncia y que ayer en la tarde iría al Parlamento a leerla para emitir sus comentarios.
Voltear la mesa
Durante toda esta semana, dentro de la Asamblea se ha sentido el sacudón que han dejado estas denuncias. Pablo Santillán, abogado y asesor del asambleísta Fabricio Villamar, indicó que la semana que viene presentarán todas las pruebas que han recopilado. “A diario nos llegan más y más casos. Estos no son rumores de pasillo, es una realidad que tenía más de diez años ocurriendo dentro del Parlamento”.
Por su parte, el asambleísta Eliseo Azuero llevó las denuncias acerca del ‘impuesto al trabajo’ a otro nivel, indicando que en los gobierno locales también se realizan estas prácticas. “Por ejemplo, en Sucumbíos conozco casos donde han tenido que pagar para acceder a cargos públicos o renovación de contratos. Todas las pruebas las entregaré a Fiscalía”, aseguró Azuero. Él es partidario de que dentro de la Asamblea se apruebe un Código de Ética que regule las acciones de sus integrantes.
Otras denuncias a Fiscalía
Andrea Utreras, quien sirviera como relacionadora pública a la asambleísta Karina Arteaga, indicó que llevará a Fiscalía, en los próximos días, las pruebas que tiene sobre cobros que pedía la parlamentaria para cubrir “cuotas del partido” Alianza PAIS. Además, también ha señalado a la expresidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, de supuestamente realizar estas mismas prácticas a través de su esposo.
Rivadeneira declaró que “quien tenga las pruebas que vaya a los organismos competentes: Fiscalía o Contraloría. No debemos montar espectáculos para los medios de comunicación”. Además, a través de su cuenta de Twitter, colocó plantillas con estadísticas acerca de las acciones de “transparencia legislativa” que se realizaron durante su período como presidenta.
Por otro lado, Elizabeth Guachimela, quien acusó al asambleísta Raúl Auquillas de presuntamente haberle cobrado hasta 35.000 dólares durante 18 meses que trabajó para él como asesora 2 –sea por préstamos o gastos personales y médicos–, también acudirá a Fiscalía para presentar la denuncia. “A pesar de que me pagó, luego de que amenazara con llevarlo a tribunales, sigue siendo un acto de corrupción”, indicó Guachimela.
Fabricio Villamar impulsa que se dé un debate dentro del Pleno, con su proyecto de resolución para que sea la Contraloría quien investigue estos casos. Él llega al país este fin de semana y se espera que la Presidenta del parlamento incluya dicho proyecto en el orden del día, entre martes y jueves.