Chevron: Procuraduría prepara estrategia ante demanda perdida
Los abogados de la Procuraduría tienen la disposición de estudiar las dos acciones posibles frente a la sentencia del Tribunal Arbitral, con sede en La Haya, que identificó la responsabilidad del Estado en perjuicios en contra de la empresa Chevron.
El procurador general, Íñigo Salvador, informó ayer en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea que están analizando la solicitud de interpretación y la acción de nulidad en contra del laudo arbitral porque existen “temas oscuros y de imposible solución, que no han sido completamente desarrollados y merecen una explicación del Tribunal”.
Durante su comparecencia, que duró alrededor de 45 minutos, criticó el laudo arbitral y explicó qué aspectos podrán incluir en la solicitud de interpretación.
“El Tribunal Arbitral no debía haber creado estas interferencias y obstáculos contra los derechos de estas comunidades indígenas”, dijo en relación a la disposición de que el Estado deje sin efecto la sentencia del juez de Lago Agrio que ordenó a Chevron el pago de 9.500 millones de dólares por indemnización y que evite que se ejecute.
“No hay un mecanismo que le permita al Ejecutivo o a la Procuraduría dejar sin efecto una sentencia. Aún más grave es que cómo una demanda iniciada por Chevron puede dejar sin efecto una legítima aspiración de la Amazonía”, añadió.
Acciones
La Procuraduría tiene un plazo de 90 días para presentar la solicitud de interpretación, tras lo cual, el Tribunal se debe pronunciar en los siguientes 45 días. Una vez que culmine ese proceso, se acudiría a las cortes de los Países Bajos para presentar una acción de nulidad.
El principal argumento sería que el Tribunal Arbitral no tenía la competencia para dictar una sentencia. Esto porque el Tribunal falló utilizando como base el Tratado Bilateral de Inversiones que se firmó con Estados Unidos en 1997, aunque la compañía dejó de operar en Ecuador en 1992 y firmó un acuerdo de liberación en 1995, ratificado en 1998.
Los asambleístas, después de su intervención, apoyaron que se pida la nulidad y solicitaron información sobre la acción de la Procuraduría durante los nueve años de arbitraje y las responsabilidades del Estado sobre la reparación a la comunidad. Sin embargo, la sesión fue suspendida.