Nuevos elementos llevan a cuestionar las tesis oficiales y los procesos realizados.
¿Qué sucedió el 30 de septiembre de 2010? El Gobierno de Rafael Correa dijo que se había tratado de un intento de golpe de Estado y magnicidio. Así lo investigó la Fiscalía y así fueron juzgados policías, varios de los cuales están ahora con prelibertad.
Sin embargo, este año han saltado a la luz elementos que aportan nueva información: un informe de la Contraloría, en abril; las sentencias a favor de varios miembros de la Fuerza Aérea y de la Policía; y la formulación de cargos en contra de dos oficiales del Ejército por la muerte de Froilán Jiménez.
Según Óscar Ayerve, presidente de la Asociación de Víctimas del 30-S, todo se trató de una “orquestada manipulación”, como indicaría el informe con indicios de responsabilidad penal que emitió la Contraloría y fue entregado en el Consejo de Participación transitorio y la Judicatura.
“Es necesario conformar una nueva comisión de la verdad para que investigue lo que ocurrió”. Esa es una de las recomendaciones que hace la Asociación, después de que ha registrado las irregularidades durante los procesos penales en contra de los policías.
El “primer gran sismo” se registró el 4 de junio, cuando un miembro de la FAE y uno de la Policía fueron declarados inocentes del delito de obstrucción de servicios públicos. En ese mismo caso, 64 personas fueron condenadas a un año de prisión, pero varios de ellos no estuvieron en la audiencia por problemas de salud. Cuando fue su audiencia, fueron declarados inocentes, con la particularidad de que coincidieron algunos fiscales y jueces.
Otro evento similar se produjo con un grupo de siete policías condenados por el mismo delito a un año de prisión. Otra estaba embarazada, por lo que se aplazó su sentencia. El 5 de junio, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) la declaró inocente. Además, están las órdenes de prelibertad para tres de cinco policías acusados de magnicidio y condenados a 12 años de prisión.
Más investigación
Sandra Jiménez, hermana de Froilán Jiménez, uno de los policías caídos presuntamente por una bala de uso militar, cree que existe un giro de 180 grados. “Hay muchas cosas que se ocultaron y se formaron hipótesis”.
Para ella, los últimos ocho años, desde el hecho trágico hasta que la Fiscalía formuló cargos en contra del teniente coronel Wilson R. y del mayor Vicente N., han sido de “una lucha silenciosa”, que ahora está derivando en que se acelere la investigación.
Para ella, la diligencia más importante del fiscal Fabián Salazar fue la incautación de los fusiles que utilizaron los miembros del Grupo Especial de Operaciones de las Fuerzas Armadas. La incautación se realizó ayer.
Con la pericia que se haga del armamento y el cotejamiento con el peritaje balístico se podría determinar de qué fusil salió la bala que mató a Jiménez. “Para nosotros eso es básico y uno de los procesos que debieron haberse dado. Estamos en la recta final”.
“Va a cambiar absolutamente todo. Hay muchas cosas que no se dijeron, que se ocultaron por un tema de reserva, se forjó una hipótesis con base en lo que convenía”, agrega.
Ella espera que se resuelva el caso para que se siente un precedente y también se investigue la muerte del resto de policías que fallecieron ese día.