A DEFENDER NUESTRAS LIBERTADES

Devolver confianza y credibilidad de la ciudadanía en la Función Judicial requiere, luego de la “metida de mano a la justicia” correísta, actuar de acuerdo con lo que establecen la Constitución y las leyes. No puede haber prejuicios, sino apego a los hechos y la imparcialidad, a la objetividad y las evidencias. Han faltado en el Consejo de la Judicatura unidad de criterios y prudencia.

“No puede anticiparse criterio al decir que saldrán varios jueces, pocos, muchos, todos, pocos o ninguno”, declaró la Presidenta de la Corte Nacional de Justicia. Le acompañaron jueces y conjueces, y se trató de un pronunciamiento institucional sobre la evaluación que el Consejo se dispone a hacer de la Corte. La Presidenta añadió que solo están obligados a rendir cuentas de sus actos a la sociedad.

Es plausible que se reclame ajustarse a las reglas preestablecidas, a parámetros técnicos y a “la realidad jurisdicional”. Los hechos revelan, sin embargo, la impericia y la falta de ética de algunos operadores de justicia. No se trata de repartir culpas ni de crear chivos expiatorios, sino de hacer una evaluación (necesaria, por cierto) sin prejuicios e imparcialidad en todo lo posible.

Hoy que la moral política yace por los suelos, deben ponerse por delante los intereses y las necesidades ciudadanas, bien sean justificadas o no. Ese es el precio que los evaluadores y los miembros de la propia Corte deben pagar para que la sociedad vuelva a poner sus destinos en sus manos sin temor alguno. Están en juego el ejercicio de nuestras libertades y los Derechos Humanos consagrados en la Constitución.