Las 10 armas legales de la ‘delincuencia organizada’
César Montúfar analiza los decretos que dieron poder discrecional al correísmo.
La investigación fiscal contra Rafael Correa, Jorge Glas, Alexis Mera y otros -por la denuncia del académico César Montúfar sobre un presunto esquema de delincuencia estatal organizada durante el correísmo- marcha lentamente. Por ello, el denunciante pedirá el próximo lunes varias diligencias para agilitar el proceso. Entre tanto, Montúfar detalla que Rafael Correa generó un esquema presidencialista reglamentario, lo cual -de acuerdo con la hipótesis del denunciante- abrió márgenes de discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos de los sectores estratégicos. En efecto, el expresidente emitió 4.916 decretos en sus 10 años de gestión. En el mismo período, la Contraloría realizó 25.816 informes, de los cuales 2.408 arrojan indicios de responsabilidad penal. También se emitieron 30.883 resoluciones de sanción administrativa y 12.393 resoluciones sobre glosas y órdenes de reintegro. La expectativa es poder recuperar, solo por estos informes, algo más de USD 1.700 millones. Para Montúfar, una pléyade de decretos y articulados de leyes y códigos permitieron “adecuar la estructura legal e institucional del Estado para incorporar o facilitar sus decisiones y prácticas proyectadas a provocar, legalizar o blindar en la impunidad actos de corrupción”. El denunciante indica que es fundamental analizar los decretos de excepción que, desde 2009, posibilitaron al correísmo “una mayor discrecionalidad presupuestaria al permitírsele tomar recursos de otras partidas, que no fueran salud o educación, para los proyectos declarados de excepción”. Esto es parte de las diligencias previstas para el lunes.