Disculpas para los 10 de Luluncoto
El caso es visto como emblemático en la represión correísta contra los derechos.
QUITO • La Defensoría del Pueblo ofrecerá pasado mañana disculpas públicas por el silencio institucional que mantuvo por el caso de los 10 de Luluncoto. Los jóvenes fueron detenidos durante una reunión en la que analizaban las políticas del Gobierno de Rafael Correa y se les acusó de supuesto terrorismo.
La anterior administración de la entidad, cesada en sus funciones por irregularidades, fue liderada por Ramiro Rivadeneira. Durante el cuestionado proceso, no dijo nada.
Gina Benavidez, Defensora encargada, recordó que luego del operativo que ejecutó la Policía (en marzo de 2012), los familiares de los jóvenes presentaron al organismo una petición de vigilancia del debido proceso.
“Lo que hizo la Defensoría fue abrir el expediente, pero se limitó a asistir a las audiencias. De la recopilación que tenemos del caso, no hay informes intermedios ni finales de valoración”, dijo Benavidez.
Pablo Castro es uno de los 10 de Luluncoto. Asegura que después de seis años de haberse dado el caso, las disculpas públicas del Estado representan una recuperación de los derechos de los sectores sociales.
Cree que este fue uno de los primeros casos emblemáticos de violación a los Derechos Humanos, que desencadenarían la criminalización de la protesta social durante la administración Correa.
“El Gobierno intentó utilizarnos como un ‘chivo expiatorio’ para justificar la persecución, la represión. Recordemos que después, en el Código Penal (aprobado en diciembre de 2013 por la Asamblea) se desarrolló toda la normativa para perseguir la protesta social”, dijo Castro.
La Defensoría del Pueblo ofrecerá pasado mañana disculpas públicas por el silencio institucional que mantuvo por el caso de los 10 de Luluncoto. Los jóvenes fueron detenidos durante una reunión en la que analizaban las políticas del Gobierno de Rafael Correa y se les acusó de supuesto terrorismo.
La anterior administración de la entidad, cesada en sus funciones por irregularidades, fue liderada por Ramiro Rivadeneira. Durante el cuestionado proceso, no dijo nada.
Gina Benavidez, Defensora encargada, recordó que luego del operativo que ejecutó la Policía (en marzo de 2012), los familiares de los jóvenes presentaron al organismo una petición de vigilancia del debido proceso.
“Lo que hizo la Defensoría fue abrir el expediente, pero se limitó a asistir a las audiencias. De la recopilación que tenemos del caso, no hay informes intermedios ni finales de valoración”, dijo Benavidez.
Los involucrados
Pablo Castro es uno de los 10 de Luluncoto. Asegura que después de seis años de haberse dado el caso, las disculpas públicas del Estado representan una recuperación de los derechos de los sectores sociales.
Cree que este fue uno de los primeros casos emblemáticos de violación a los Derechos Humanos, que desencadenarían la criminalización de la protesta social durante la administración Correa.
“El Gobierno intentó utilizarnos como un ‘chivo expiatorio’ para justificar la persecución, la represión. Recordemos que después, en el Código Penal (aprobado en diciembre de 2013 por la Asamblea) se desarrolló toda la normativa para perseguir la protesta social”, dijo Castro.
Pero, a la vez, recuerda que alrededor del tema hubo expresiones de solidaridad y unidad de diferentes colectivos. “Hubo la incorporación múltiple de varios sectores, de varias vertientes que defendían el derecho a organizarse, el derecho a protestar y de todos los derechos legítimos”, manifestó.
Fadua Tapia, del mismo grupo, asegura que esperaban estas disculpas, que nunca cometieron delitos y que, a pesar de que lo plantearon y demostraron desde un inicio, recién sale a luz ahora. “Parte de eso es este acto de la Defensoría del Pueblo, porque su rol era exigir que se cumplan a cabalidad los procesos. Esperemos que el lunes 1
El Gobierno intentó utilizarnos como un ‘chivo expiatorio’ para justificar la persecución, la represión”.
PABLO CASTRO, UNO DE LOS 10 DE LULUNCOTO
dé su declaración de cuáles fueron los vicios que hubo, las medidas que van a tomar para reparar estos daños”.
Pero considera que no es una reparación total, ya que asegura que esas disculpas públicas y la reparación deberían venir desde los que impulsaron la persecución. “Fue Rafael Correa, fue el mismo José Serrano, ahora legislador (en ese tiempo fue Ministro del Interior)”, dijo.
Y Benavidez concluyó: “Vemos la necesidad de que la Asamblea pueda corregir todos los elementos que haya, en función de garantizar que los tipos penales no criminalicen a la población y pueda establecer una normativa que precautele a los defensores de los Derechos Humanos, ya que no existe una normativa específica”.