AHORA LE TOCA A LA JUSTICIA

La Defensoría del Pueblo pidió disculpas públicas a los ‘10 de Luluncoto’, a los miembros de la fundación Yasunidos y a periodistas de varios medios de comunicación. Durante diez años de correísmo quienes la manejaban se “hicieron de la vista gorda” ante la violación flagrante, sistemática, vergonzosa e incivil de sus Derechos Humanos.

Guardaron silencio ante las transgresiones legales y constitucionales que hubo en estos “casos emblemáticos”, en opinión de la titular del organismo. Sin embargo, como en otros períodos totalitarios que registra la historia del continente, se hace necesaria una reparación más profunda. El asunto no puede quedar en un mero acto de contrición plausible, pero no suficiente.

Efectivamente se trata de una situación estructural, pero hay que profundizar aún más en el asunto. La justicia tiene el deber de revisar esos procesos trucados y procurar la reparación de los daños físicos, familiares, económicos, contra la naturaleza, morales y sicológicos sufridos por cada uno de los perseguidos por el expresidente Correa y su camarilla, quienes deben responder por tan brutal atropello de las libertades.

Se hace imprescindible, además, desterrar de nuestra sociedad la cultura política del odio y de exacerbación del resentimiento social de esa funesta década de nuestra historia. Es necesaria la promoción del diálogo y la confrontación civilizada, pero también de la búsqueda de la verdad y de la justicia. La decisión de la Defensoría abre la posibilidad de recuperar el respeto a la dignidad ciudadana perdida. De ahí su trascendencia.