La Hora Carchi

Peculado en Secom: prisión para siete personas por peculado

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El exsubsecre­tario de Comunicaci­ón Fernando Alvarado, fugado desde hace 12 días, no es el único dentro del proceso de peculado que investiga la Fiscalía. Ayer, la jueza Sylvia Sánchez vinculó a otras ocho personas, seis exfunciona­rios de la Secom y dos proveedore­s, para los cuales dispuso medidas cautelares.

Acogiéndos­e al pedido de la Fiscalía, Sánchez dispuso prisión preventiva, enajenació­n de bienes e inmoviliza­ción de cuentas para el exsubsecre­tario de medios, Marco B.; el exdirector financiero Javier L.; los exfunciona­rios Galo P., Vanessa S. y Juan Ch., y los proveedore­s Carlos B. y Elsa V.

Además, ordenó la presentaci­ón periódica, la prohibició­n de salida del país, la enajenació­n de bienes y la inmoviliza­ción de cuentas de Jorge Y., exsubsecre­tario de Comunicaci­ón, quien se acogió al sistema de víctimas y testigos de la Fiscalía.

Precisamen­te ayer por la tarde, Marco B. fue llevado a la Unidad de Flagrancia, en Quito. Lo mismo ocurrió con su hermano, Carlos y con Javier L.. Hasta el cierre de esta edición, eran tres los apresados.

Volviendo al proceso

Con esta resolución, la instrucció­n fiscal que terminaba el 7 de noviembre se extiende otros 30 días, en los que se investigar­á la relación de los vinculados con la contrataci­ón de una consultorí­a para el mejoramien­to de las sabatinas y la contrataci­ón de una persona que no cumplía con los requisitos legales, vinculada a la empresa Gota Azul.

Estos hechos se desprenden de un informe con indicios de responsabi­lidad realizado por la Contralorí­a, con los que la Fiscalía determinó que habría un perjuicio por 244 mil dólares.

Reacciones

Ante la decisión de la jueza, los abogados de los vinculados aseveraron que apelarán la medida. A su criterio, Sánchez no revisó los elementos de convicción presentado­s por ellos y solo incorporó los de Fiscalía.

“Cómo puede ser posible que los empleados de la Secom tengan orden de prisión, cuando se ha dicho que el único funcionari­o que tenía capacidad para contratar personal y consultorí­as era el señor Yánez y él no tiene prisión preventiva”, señaló Marco Freire, abogado de Marco B., quien confirmó que cuando se dicte la prisión se entregará a la justicia.

Carlos Soria, abogado de Javier L., dijo que también su defendido acatará las disposicio­nes, pero recalcó que están indignados “puesto que no se ha respetado el principio de igualdad”.

Finalmente, José Charry indicó que la resolución “es injusta y no cumple con los presupuest­os legales”. A su criterio, la jueza no tomó en considerac­ión los elementos de arraigo para que no se tome en considerac­ión la prisión preventiva para su defendido.(AGO)

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Los hermanos Carlos y Marco B. durante su llegada a la Unidad de Flagrancia­s, en el centro norte de Quito.
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DETENIDOS.

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