8 irregularidades en administración de previsionales
La mañana de ayer se realizó la lectura del informe borrador del examen especial de la Contraloría al traspaso y la administración de los fondos previsionales cerrados al Banco del Instituto de Seguridad Social (Biess).
Este examen incluyó a 64 fondos, durante el periodo del primero de junio de 2014 al 30 de junio de 2018. Las conclusiones apuntan a que no se cumplieron los principales requisitos para el traspaso, desde la administración privada hacia el Biess; y que durante la administración se detectaron 8 incumplimientos e irregularidades.
La primera apunta a que el traspaso se realizó antes de los informes de auditoría externa de cada fondo, lo cual era un requisito obligatorio. Por ejemplo, en el caso del Fondo de Cesantía del Magisterio, los auditores externos presentaron su informe más de 110 días después del traspaso. Esto según la Contraloría, no permitió un conocimiento cabal del estado de cada fondo.
El segundo incumplimiento en la fase de traspaso es que los auditores externos no pudieron evidenciar que los fondos tuvieran aportes estatales. Este requisito era el principal justificativo del Gobierno de Rafael Correa para pasar la administración al Biess.
Es más, la Contraloría establece que los requerimientos hechos al Ministerio de Finanzas sobre la transferencia de recursos estatales nunca fueron contestados.
El tercer incumplimiento en la fase de traspaso fue que no existieron informes actualizados, tanto financieros como actuariales, de cada uno de los fondos, lo que hizo que el proceso se desarrollara en medio de desconocimiento sobre su sostenibilidad. Aquí, la responsabilidad directa recae en la inacción y la falta de control de la Superintendencia de Bancos.
Proceso posteriores
En la fase de administración, el primer incumplimiento detectado es que los comités de inversión funcionaron poco y mal, debido a que ni siquiera tenían reglamentos, instructivos o manuales para el manejo de cada fondo.
Esto, según Juan José Casteló, representante del magisterio, provocó que se perdieran más de 200 millones de dólares, pertenecientes a los más de 200.000 partícipes de los fondos analizados
“Cuando el Estado, a través de una inconstitucional Ley, nos quitó la administración, los fondos tenían alrededor de 1.200 millones de dólares de ahorro, ahora hay menos de 1.000 millones”, dijo.
Con respecto a los gastos administrativos, entre 2016 y 2017 no se cobraron 358.461 dólares a los fondos, por lo que el Biess tuvo que sacar de sus recursos propios para cubrir esos desembolsos.
Otra conclusión es que ni siquiera se contrató un sistema informático, por lo que el Biess manejó los fondos de manera manual, y los partícipes no pudieron acceder a información.
La elección de los representantes legales de los fondos fue completamente discrecional y no se establecieron procedimientos y reglamentos.
El organismo de control encontró que la información de cada fondo no estaba correctamente archivada, por lo que había documentación incompleta e insuficiente.
Finalmente, el gerente del Biess no presentó al directorio los informes sobre la evolución de los fondos durante el segundo semestre 2015 y 2016.
Norma Quisphe, presidente de la Asociación de Fondos Previsionales, aseveró que pedirán la devolución inmediata de los recursos ilegalmente traspasados.