24 vuelos en aviones presidenciales fueron a paraísos fiscales.
La Contraloría General del Estado leyó ayer el informe borrador sobre el uso de los aviones presidenciales Legacy 600 y Falcon 7X, de aeronaves de Tame y de Petroamazonas, y de los vuelos que en esos aviones se realizaron entre el primero de enero de 2012 y 24 de mayo de 2017, durante el mandato de Rafael Correa, donde se reflejan irregularidades, según la entidad.
Se determinó que se realizaron 261 vuelos internacionales que representaron al Estado un desembolso de 13´590.957 dólares. Son vuelos que se habrían realizado en alguno de los casos sin autorización de las instancias respectivas de la Presidencia de la República, sin listados de pasajeros y sin el registro del peso del equipaje.
De acuerdo al informe, de la totalidad de los vuelos, 24 se realizaron a países considerados por el Servicio de Rentas Internas (SRI) como paraísos fiscales, como Barbados, Bahamas, Panamá, Guayana, entre otros, donde los aviones estuvieron de tránsito o como destino final. Se les considera paraísos fiscales porque existe un bajo o nulo cobro de impuestos.
En 12 de estos vuelos no consta el registro de pasajeros ni del peso de carga ni los motivos para los desplazamientos. En algunos de los 12 vuelos restantes a paraísos fiscales se menciona como pasajeros frecuentes a funcionarios de ese entonces como el Canciller, el Ministro de Finanzas, y el gerente de Petroecuador. Las horas de permanencia en esos países varían desde 40 minutos hasta ocho horas.
Presuntas irregularidades
En el informe consta como ejemplo de una de las presuntas irregularidades el viaje del Legacy en la ruta Quito – Río de Janeiro – Quito (junio de 2012). La particularidad es que el avión salió sin pasajeros y habría sido solicitado por el Canciller de ese entones, quien no se embarcó, pero el vuelo se cumplió.
Hay el registro de 15 vuelos en los que se presentan variación de pasajeros, pues se embarcaban y desembarcaban en las rutas sin que exista una explicación. Los vuelos presidenciales habrían servido para uso de comitivas extranjeras de Uruguay, El Vaticano, y Guyana, entre otros. También hay el desplazamiento de invitados especiales, que no eran funcionarios o parte de las comitivas oficiales.
Los auditores manifestaron que si bien Correa no fue custodio de los aviones, debía garantizar el bien uso de los bienes y recursos del Estado.
Omar Simon, exfuncionario de Correa, estuvo presente en la lectura del informe, y quiso hacer unas precisiones legales, pero las autoridades de la Controlaría le manifestaron que se someta al procedimiento reglamentario.
Ramiro Román, abogado e integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción, manifestó que podría configurarse el delito. Agregó que también debería actuar la Fiscalía y la Procuraduría General del Estado.