Conaie conformará Mesa de Justicia Indígena en enero
Debido a las complejidades, se analiza cómo será la evaluación. Hay algunas propuestas.
Las dos primeras semanas del año son claves para la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), pues tiene entre sus prioridades reunirse para conformar la Mesa de Justicia Indígena, que busca analizar cómo esta ha sido aplicada en el país.
La reunión inaugural tendrá como objetivo definir con quién va a trabajar la Conaie. Estarán considerados dirigentes indígenas, representantes del Consejo de la Judicatura, de universidades y de organizaciones de Derechos Humanos, confirmó el presidente de la Conaie, Jaime Vargas.
Se va a “evaluar el ejercicio del derecho de justicia indígena desde jueces y fiscales, y desde ese espacio tendremos que tomar decisiones y algunas conclusiones”, explicó el dirigente.
Para la evaluación se tiene planificado recopilar la información de los procesos judiciales y hacer un análisis de varios casos, como el que se registró en Cotopaxi. Allí, varios líderes de la comunidad, entre ellos, Leonidas Iza, después de aplicar justicia indígena fueron procesados por la justicia ordinaria y los procesos penales continúan abiertos.
Mario Melo, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica, considera adecuado la conformación de la Mesa, porque era una “tarea incumplida” por el Estado desde 2008 cuando la Constitución reconoció la justicia indígena. “Durante el periodo del gobierno de Rafael Correa hubo una actitud del Estado de desmontar los procesos de justicia indígena y reemplazarla por la ordinaria”, explicó.
Análisis
El trabajo de la Mesa será “con mucho profesionalismo”, dijo Vargas, debido a las complejidades que existen en el tratamiento de la justicia indígena y la coordinación con la ordinaria.
“La justicia indígena es cultural, tradicional, propia de las culturas y nacionalidades. No prohíbe la libertad, sino que busca armonizar y resolver los problemas. No es solo una, cada nacionalidad tiene sus propias características”, explicó Vargas.
Mientras que la justicia ordinaria, a criterio de Luis Saavedra, director de Inredh, puede constituirse en un “sistema de venganza” con la aplicación de la cárcel cuando se verifica el cometimiento de una infracción.
Las complejidades en entender la aplicación de la justicia indígena se evidenciaron durante las comparecencias orales de los postulantes a la Corte Constitucional.
Durante la audiencia del abogado Ramiro Ávila fue consultado sobre casos hipotéticos: qué justicia tiene competencia cuando al aplicar justicia indígena muere la persona al ser castigada o qué pasa si un mestizo es sancionado por adulterio en una comunidad, cuando ese delito no existe en la justicia ordinaria.
Qué hacer
A criterio de Melo, existen varios pasos que debería seguir la Mesa. Primero, sistematizar experiencias por varias razones, entre ellas, porque no hay una sola justicia indígena, sino que se diferencia entre comunidades y porque existen casos en los que la justicia ordinaria ha declinado la competencia para que sean tratados en las comunidades donde corresponden.
Otro paso es revisar el cruce de competencias entre las dos justicias, en relación a la materia (penal, civil) y al territorio. Ávila, en su comparecencia, señaló que ante un caso de justicia indígena hay varios elementos que se deben considerar: el territorio, la persona que comete la infracción y la materia. “La justicia indígena no debe ser para los indígenas, debe ser aplicada a nivel del país”, puntualizó Vargas.