Pleno del Cpccs cumplió con las audiencias públicas. Muchos deslindaron relaciones con Jalkh.
La necesidad de lograr que el nuevo Consejo de la Judicatura permanente actúe con transparencia, independencia y evitar que los rezagos del correísmo vuelvan a tomarse este órgano, fueron los argumentos que expusieron los impugnantes en contra de los candidatos impugnados que buscan ser parte de la Judicatura. Ellos, por su parte, deslindaron cualquier relación con aquella Judicatura que comandó Gustavo Jalkh y que fue muy cuestionada.
Las audiencias públicas, que se cumplieron ante el Pleno del Consejo de Participación, evidenciaron cruce de acusaciones.
Ángel Orna, vicepresidente del Colegio de Abogados de Pichincha, manifestó que como gremio habían impugnado toda la terna que remitió la Corte Nacional de Justicia (CNJ), integrada por María Rosa Merchán, Julio Arrieta y María del Carmen Maldonado, ya que aseguró que se debía escoger a funcionarios probos.
Sin embargo, la impugnación aceptada fue solo en contra de Arrieta, de quien dijo que como presidente de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces nunca defendió a sus colegas ante la aplicación del error inexcusable, por el cual salieron varios jueces en el correísmo. Arrieta defendió su trayectoria y dijo que la impugnación era por revanchismo. Manifestó que fue uno de los jueces que denunció en instancias internacionales la injerencia de Jalkh en la administración de justicia. Para Arrieta, el impugnante en ningún momento presentó una prueba que demuestre su falta de probidad.
Otras comparecencias
Fidel Tamayo impugnó la postulación de Álvaro Román, de la terna de la Fiscalía. Señaló que tenía conflicto de intereses, ya que es abogado en libre ejercicio y participa en varios procesos judiciales, como parte de un estudio jurídico. Para Tamayo, si se acepta la candidatura de Román, se corre el riesgo de “corporativizar” la Función Judicial.
Para Román, la impugnación se basa en que es hermano de Ramiro Román, uno de los abogados que lleva importantes casos en el país. Aseguró que no tiene relación profesional con él, ni forma parte de su estudio jurídico.
José Alomía impugnó a Yolanda Yupangui, de la terna de Fiscalía. Enfatizó que ella tiene vinculación con bufetes e institutos de derecho tributario, lo que es un conflicto de intereses.
“Me sorprendiste, porque fuimos amigos, nunca nos peleamos (…). Cuando era socia del Colegio y decana de la Facultad de Jurisprudencia (…) acuérdate cuando te prestaba el paraninfo sin obstáculos…”, fue parte de la respuesta de Yupangui.