Gobierno insiste: Comunicación es un derecho
Envió para eso una nueva reforma. Con el veto se reconocen avances, pero aún hay restos de censura.
QUITO • Parece que una lucha de muchos años comienza a dar frutos. El Gobierno envió ayer a la Asamblea un nuevo proyecto para eliminar de la Ley de Comunicación la definición de Comunicación como servicio público. En su lugar se entenderá, como mandan los tratados internacionales, que es un derecho.
La inclusión de la definición de esta labor como servicio público provocaba que el trabajo de los periodistas fuera tratado como el de un burócrata.
Debemos estar atentos ante cualquier otro ‘desliz’ que pueda ocurrir en la Asamblea Nacional”, GUADALUPE FIERRO, PRESIDENTA DE LA UNP No vamos a empezar un nuevo debate con la Asamblea Nacional. Este nuevo veto y proyecto es para que la ley esté acorde a organismos internacionales”. ANDRÉS MICHELENA,
SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN
Parece que una lucha de muchos años comienza a dar frutos. El Gobierno envió ayer a la Asamblea un nuevo proyecto para eliminar de la criticada Ley de Comunicación la definición de Comunicación como servicio público. En su lugar se entenderá, como mandan los tratados internacionales, que es un derecho.
La Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea deberá tratar esta nueva reforma, que se centra en el artículo 5. La inclusión de la definición de esta labor como servicio público provocaba que el trabajo de los periodistas fuera tratado como el de un burócrata.
En el proyecto de reformas que aprobó la Asamblea, no se hacía este cambio, según declararon los asambleístas, por una “omisión”.
Sobre este punto, las primeras reacciones son positivas. “Las reformas a la Ley deben ser acordes con las recomendaciones internacionales. Recordemos que aquí estuvieron los relatores especiales para la libertad de expresión de las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos dando sus recomendaciones”, declaró César Ricaurte, director de Fundamedios.
Precisamente esos aportes llevaron a este nuevo proyecto, según el secretario Nacional de Comunicación, Andrés Michelena, quien en una rueda de prensa indicó: “No queremos un debate eterno con la Asamblea. Con este oficio se busca entrar en línea con las recomendaciones internacionales”.
Guadalupe Fierro, presidenta de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), destacó la acción del Ejecutivo al insistir en esta reforma, pero también llamó a los periodistas a “estar atentos ante cualquier otro desliz que se puede tener desde la Asamblea”. “Estos errores son una burla para todo el diálogo, de buena fe, que ha tenido el gremio con el proyecto de reformas”, agregó.
Otras observaciones
Este nuevo proyecto irá a la Asamblea acompañado del veto del presidente, Lenín Moreno, a las reformas aprobadas en el Pleno.
El texto mantiene la obligatoriedad de tener título para ejercer el oficio periodístico.
Fundamedios se ratifica en que esta aplicación es ilegal de acuerdo con la opinión consultiva 5/85 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se dictaminó que es incompatible con el artículo 14 de la Convención Americana. Misma argumentación mantiene la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos.
Otro punto de controversia es la conformación del Consejo de Regulación de la Información (Cordicom). Conforme el veto de Carondelet, el organismo tendría un delegado de la Función Ejecutiva, uno de los consejos nacionales de igualdad, uno del Consejo de Participación, uno de los gobiernos locales y uno del Consejo de Educación Superior.
Sobre esto, Fierro declaró: “Desde un principio hicimos una crítica pública a esa forma de integración. La UNP quería una forma más ciudadana, donde los elementos fuera del Ejecutivo no solo fueran deliberativos o consultivos, sino que también tuvieran voz y voto. Ahora vemos que el Cordicom solo será un ente burocrático más”.
Luego, debido al veto de la transitoria 8, sobre las concesiones de radio y televisión, donde se ratifica las que fueron aprobadas y no se revisarán las asignadas previamente a las reformas de la Ley, Michelena indicó que en 30 días, Arcotel debería sentar las bases para un nuevo proceso de licitación.