VIOLENCIA: PATRÓN QUE GOBIERNA A ECUADOR
Los casos de ‘Martha’ y Diana Carolina representan el ‘epicentro’ de una sociedad violenta.
Hay un mito, o tal vez varios. Dicen que son cosas de mala suerte: callejones oscuros o minifaldas, que ella se lo buscó, que qué hacía por allí… que las violaciones y los femicidios son tan solo una novedad. “Ocurren todos los días y los casos extremos no son aislados”, dice Daniela Salazar, vicedecana de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), quien asegura que el Estado no está respondiendo de forma oportuna ante las denuncias cotidianas en las que, muchas veces, se piden pruebas con estándares que no se ajustan a la realidad.
En un contexto en el que el 18% de casos de femicidio, en 2018, registraba antecedentes de violencia (según la plataforma Vivas nos Queremos), Salazar menciona que uno de los problemas más graves es que no se les cree a las denunciantes: “Muchas no se atreven a denunciar porque no confían en la Justicia, no saben o actúan con miedo porque piensan que les van a culpar”.
Con ella coincide Ana Cristina Vera, directora del Centro de Protección de los Derechos Humanos Surkuna, quien resalta que en situaciones de violencia contra la mujer el sistema ve a las afectadas como sospechosas. Según Vera, es necesario que se transmita un mensaje de no impunidad y rechazo a la violencia, directamente desde las autoridades.
Asimismo, Vera critica el hecho de que aunque la ‘Ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres’ entró en vigencia en febrero de 2018, no cuenta con el presupuesto y tampoco con el organismo rector que era el Ministerio de Justicia, que se disolvió y ahora es parte del Ministerio de la Política y Derechos Humanos. Además, insiste en que los cambios deben implementarse primero en la educación sexual para los niños y adolescentes.
Machismo no disminuye
A pesar de que existe una mayor visibilización de la violencia contra la mujer en el país, el machismo no disminuye. Así lo ha evidenciado la fiscal especializada en Género, Mayra Soria. Los casos que ella ha investigado, le llevan a concluir que “el machismo no quiere morir, no quiere perder el poder que ha tenido”.
“Hay un recrudecimiento del machismo”, confirma, y asegura que los actuales ‘neomachismos’ “se van transformando y adaptando a nuestras sociedades y a cómo vamos avanzando”.
Pero el fondo es el mismo: “El machismo es una expresión del patriarcado; de la supremacía de lo masculino, por sobre lo femenino, y de convertir a la mujer en un objeto, en lugar de un sujeto con derechos”.
Este ‘nuevo machismo’ se evidencia en que se reconoce que no es correcto matar o agredir a una mujer, pero utilizan un lenguaje sutil para justificar sus actuaciones, explica Soria. “Siguen pensando en la supremacía de una sociedad estructurada con roles determinados previamente. Tienden a minimizar las cosas, diciendo que es un tema de delincuencia generalizada, cuando es una violencia específica contra las mujeres”.
En Pichincha funcionan 19 fiscalías especializadas en Género. Soria cree que ese número se debería duplicar o triplicar por “la cantidad de violencia desborda”. Ella ha comprobado que “el machismo está matando a las mujeres”.
Sostiene que el tratamiento del problema no es exclusivo del aparato de justicia, sino de toda la sociedad. En este contexto, recalca que “los operadores de justicia tienen la obligación legal de judicializar los casos”. En ese proceso, todas las etapas son importantes, desde “el acceso de quienes receptan la denuncia, los investigadores que recogen elementos de convicción, el fiscal que articula todo el proceso de investigación y los jueces, que tienen que tener la sensibilidad a estos temas”.
El tipo penal
A partir de la aprobación del Código Orgánico Integral Penal, en 2014, se reconoció al asesinato de una mujer por su condición de género como delito. Con la tipología de femicidio, indica la fiscal Soria, se evidencia que en las agresiones contra la mujer “hay una dinámica delincuencial diferente”, pues existe -en la mayoría de casos- una conexión de la víctima con el agresor.
Desde el 10 de agosto de 2014 hasta el 20 de enero de este año, se han registrado 316 casos de femicidio a escala nacional, de acuerdo con el INEC. De estos, 153 han sido resueltos y la diferencia se encuentra en otras etapas procesales.
Para Soria, la importancia del tipo penal es que se investiga en función de las relaciones de poder que existe entre la víctima y el victimario, lo cual también se considera para la sentencia, que incluye la reparación por los hechos de violencia.
Sin embargo, la fiscal reconoce que la redacción del artículo en el Código Penal ha generado confusiones, especialmente en los jueces, quienes no identifican la desigualdad de las mujeres en las relaciones de poder, aunque ese no es el único problema en la sanción de la violencia contra la mujer. El femicidio es el caso más grave, pero la violencia inicia con agresiones sicológicas y físicas, que también son denunciadas.
El 90% de los casos no se resuelve por dos motivos: la deserción de las mujeres, quienes no acuden a las diligencias (especialmente cuando ya reciben medidas de protección y creen que eso es suficiente), o cuando la mujer se retracta de su denuncia. Soria ha visto cómo las mujeres son manipuladas por sus agresores para que desistan de los casos.
Por su parte, cifras de ‘Ecuador dice no más’ revelan que el 88% de los agresores jamás serán condenados y violentarán a más víctimas. Por lo que la vicedecana Salazar asegura que “no es momento de desviar la atención”.
Acción territorial
Ante la aplicación de las leyes en cada territorio, Sybel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, explica que no siempre se aplican. Por esto, ayer, se acordó que la observación al cumplimiento de las disposiciones en todo el sistema, desde la denuncia hasta la sanción, será permanente, en la capital.
Los casos recientes de violencia se han sumado a un debate que ya estaba vigente por la despenalización del aborto en casos de violación. Con respecto al tema, la vicedecana de la USFQ menciona que en declaraciones de algunos asambleístas que dicen que las mujeres se van a inventar que las violaron para abortar, se nota la falta de credibilidad a las mujeres y cómo se minimiza sus vidas.
Por esto, recalca que el mensaje de las autoridades no debe generar odio frente a los otros, ni venezolanos ni hombres en general sino que debe decir “Sí te creo” y empezar a repensar la sociedad y sus acciones machistas.