Fiscal Mayra Soria presentará acción de protección
La fiscal de la Unidad N. 3 de Género de Pichincha, Mayra Soria, presentará una acción de protección después de que el Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió suspenderle por 30 días, como sanción a una presunta falta de celeridad para investigar un caso de acoso sexual. Esa decisión tomó ayer junto a su abogado y la concretará la próxima semana.
Pero también estará a la espera de que la nueva Judicatura se posesione, posiblemente el próximo martes, para exponerle su caso. Esta acción está respaldada por la coalición por el abuso sexual, que reúne, entre otros, al Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, a la activista Sara Oviedo y a los afectados en el caso Aampetra.
Amparo Molina, vocera de las víctimas del caso Aampetra, mostró ayer su indignación y sorpresa al conocer la resolución de la Judicatura. A su criterio, esa decisión es un “retroceso en la justicia” porque la fiscal, no solo que contribuyó en la investigación y resolución del caso de violación a 41 niños, sino también que mostró empatía. Además,
“es la única fiscal con enfoque de género”, dijo.
Preocupación
Soria estaba a cargo de la investigación del caso Juliana Campoverde. El 5 de febrero será la audiencia preparatoria de juicio contra el pastor Jonathan Carrillo, pero con la sanción, la fiscal ya no podrá actuar.
Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana, asegura que existe preocupación, pero confía en que el fiscal que coja el caso se empapará de la información y lo defenderá para que no quede en impunidad. Pero también espera que una vez que termine el plazo, Soria retome el proceso.
Según la Judicatura, Soria se demoró tres años en ordenar diligencias dentro de un caso de acoso sexual. La denuncia ingresó a la Fiscalía en 2013 y no fue hasta 2017 que se realizaron acciones. La fiscal ingresó a la Unidad N. 3 en 2014 y recibió más de 5.700 causas represadas, por lo que era humanamente imposible realizar todas las investigaciones.
Esto fue expuesto en su apelación, pero los vocales de la Judicatura indicaron que no era válido. En un comunicado, el presidente Marcelo Merlo, señaló que la decisión se fundamentó en que un informe técnico estableció “una vulneración al derecho a la tutela efectiva y al principio de celeridad”.
La decisión fue cuestionada por la Fiscalía General. En un comunicado expresó su “profundo malestar” y rechazó la sanción porque “no considera la carga laboral heredada de años y la falta de recursos con que cuenta la institución, como el déficit de personal”.