Minería en Íntag con fallas en permisos ambientales
4.829 hectáreas tiene concesionadas la Enami en la zona de Íntag, de estas, 700 cuentan con Licencia Ambiental.
Ayer, los auditores de la Contraloría General del Estado expusieron un informe donde se puntualiza varias falencias en el proyecto minero Llurimagua, en la zona de Íntag, en Cotacachi. Un total de 4.829 hectáreas tiene concesionadas la Enami-EP en el sector, de estas, 700 cuentan con Licencia Ambiental.
IMBABURA • Varias irregularidades se evidenciaron ayer durante la lectura del informe borrador con resultados preliminares del examen especial realizado por la Contraloría General del Estado al proyecto minero Llurimagua, que se encuentra a cargo de la Empresa Nacional Minera (Enami-EP). La investigación se realizó durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017.
De la lectura del informe participaron autoridades, funcionarios y ex funcionarios de los ministerios de Minería, de Ambiente, Agencia de Regulación y Control Minero, Empresa Nacional Minera, y entidades relacionadas. Durante más de dos horas y media se dio lectura a las novedades encontradas. Moradores de las comunidades Junín, Chalguayacu Alto, Cerro Pelado y Barcelona también se hicieron presentes en los exteriores, para con carteles expresar su rechazo a la minería en la zona de Íntag.
Novedades
Fue el 28 de noviembre de 2011, cuando la Enami-EP, y Codelco firmaron el convenio de exploraciones mineras, dentro de este se establecía que se debe constituir una empresa de economía mixta, un 51% de las acciones para Enami y el 49 % correspondientes a Codelco; sin embargo, tras las investigaciones realizadas por la Contraloría se evidenció que hasta el 31 de diciembre de 2017 no se realizaron acciones correspondientes para constituir mencionada empresa.
Además se indicó que el Ministerio del Ambiente (MAE), el 16 de diciembre de 2014, otorgó la Licencia Ambiental a Enami-EP para la fase de exploración avanzada de minerales metálicos de la concesión minera Llurimagua en un área de 700 hectáreas, sin contar con la información completa. El estudio aprobado por el MAE, no incluye aspectos relacionados con la alimentación y nutrición.
Agua
Con respecto al recurso hídrico, se determinó que el mencionado estudio no contiene caudales reales del río Junín y de la quebrada Chiriyacu. Además se indicó que estos estudios no permiten identificar el estado del agua y del suelo, previo a la ejecución del proyecto.
Se cuestiona la no realización de la Consulta Previa tal como lo estableció la Corte Constitucional. En el informe de participación social elaborador por el MAE, consta que la Consulta Previa no es aplicable a Llurimagua. Además, de acuerdo al informe, en los afluentes de agua se evidencia concentraciones de metales pesados, que superan los límites permitidos. Se indicó que no se cuantificaron valores de presencia de plomo, zinc, entre otros elementos disueltos en el líquido vital.
También se indicó que la Enami incumplió con lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental, un total de 60 árboles de más de 10 centímetros de diámetro fueron talados para la construcción de la trocha y de las plataformas de exploración. La empresa estatal no contó con la autorización del MAE.
Igualmente se especificó que la Enami, no se registró como una empresa generadora de desechos peligrosos especiales. Fue en el 2017 cuando recién se entregó el registro, pero sin solicitar el informe de regulación al Municipio de Cotacachi. Adicional a esto se cuestiona que la Enami no coordinó la elaboración de un plan de conservación de la microcuenca del proyecto Llurimagua, mismo que no fue entregado a la Secretaría del Agua. También se indicó que la empresa estatal, hasta diciembre de 2017, no presentó el certificado de no afectación a cuerpos de agua. Fueron 544 días sin realizar gestiones para obtener el documento.
Por otro lado se detectó que las instalaciones temporales de captaciones de agua no contaban con medidores de flujo de agua; del mismo modo se puso en evidencia que Enami utilizó agua sin autorización entre diciembre de 2014 y diciembre de 2017. Además se cuestiona a la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA), por no haber realizado inspecciones para verificar el cumplimiento de las obligaciones. Entre otras fueron las novedades encontradas en la auditoría realizada.
Los auditores de la Contraloría General del Estado, dijeron que el borrador del informe que fue leído ayer, es un documento que no constituye un pronunciamiento oficial ni definitivo de la Contraloría; podría ser modificado, con los aportes que se realicen. De acuerdo al Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, cualquier información explicativa o documentos justificativos que los asistentes o vinculados con el examen, deseen presentar, lo realizarán dentro de cinco días.
Comuneros
Carlos Zorrilla, ambientalista de la zona de Íntag, al finalizar la lectura, manifestó: “es espantoso ver cuantas leyes violaron, fue muy impactante. La Contraloría hizo un trabajo impresionante y muy completo. Desde hace mucho tiempo hemos denunciado una y otra vez que el Ministerio del Ambiente y Arcom son cómplices del crimen contra la naturaleza y los atropellos en las comunidades”, resaltó.
Por su parte, Jorge Guachagmira, dijo que el pedido que realizan como comuneros es el retiro definitivo de Enami y Codelco de la zona de Íntag. Entre tanto Javier Ramírez, comunero del sector, dijo: “al menos ahora se ha puesto énfasis en nuestras peticiones y denuncias que hemos hecho, lo que hemos denunciado queda evidenciado en lo que investigó la Contraloría”. Por su lado, Santiago Chamorro, subsecretario de Minería, zona 1 junto a Fernando Benalcázar, viceministro de Minería, tras escuchar el informe abandonaron las oficinas de la dirección provincial de la Contraloría, sin dar su versión respecto a este tema.