Los juicios lentos impiden recuperar el dinero robado

Por la vía penal existe un solo mecanismo. Se requieren sentencias ejecutoriadas.

Solamente en seis procesos judiciales, el Estado podría recuperar 114 millones de dólares por los casos de corrupción vinculados a Petroecuador y Odebrecht. Pero hasta ahora, solo 37.423,87 dólares, provenientes de una cuenta del exgerente de Petroecuador Álex Bravo, condenado por enriquecimiento ilícito, han sido devueltos.

¿Por qué todavía no ingresa a las arcas del Estado el dinero de las sentencias judiciales? Porque las sentencias tienen que estar ejecutoriadas, es decir, pasar la última etapa del proceso judicial, la casación.

Únicamente con ese requisito, las instituciones públicas, como víctimas, pueden iniciar el proceso de ejecución de la sentencia (ver infografía), siempre y cuando hayan presentado la acusación particular en el proceso.

El problema no es una falta de normativa o de procedimientos, sino de celeridad judicial, confirmó la abogada penalista Magaly Ruíz. Los procesos judiciales se dilatan, impidiendo continuar con el trámite de la recuperación de los valores ordenados por reparación integral y multas.

Por ejemplo, en el caso del exvicepresidente Jorge Glas, sentenciado a seis años de prisión por asociación ilícita, la Corte Nacional de Justicia todavía no fija día y hora para conocer el recurso de casación presentado el 31 de agosto del año pasado. Así, no se pueden recuperar los 33,3 millones de dólares dispuestos por el Tribunal Penal.

Sin opciones

Legalmente, no hay otra vía para recuperar el dinero. Por eso, a criterio de Ruíz, el proyecto de ley de extinción de dominio, que no prosperó en la Asamblea, hubiera permitido que, a la par del proceso judicial, se adelantaran los trámites para la recuperación de capitales.

Los legisladores determinaron que ese proyecto era inconstitucional y fue fraccionado; una parte se incorporará en las reformas al Código Penal.

La Comisión de Justicia de la Asamblea incluirá el ‘comiso anticipado’, que establece que los bienes de los procesados por corrupción, que no hacen uso de su derecho a la defensa por haber huído del país o porque no se presentan a las diligencias, podrían ser comisados antes de una sentencia. El objetivo: “precautelar que se pueda recuperar los montos de la corrupción”, explicó la asambleísta María de Lourdes Cuesta.

Debido a que el problema es la celeridad y las reformas legales toman tiempo, la Comisión Nacional Anticorrupción impulsa la Mesa Anticorrupción, que funcionará con el apoyo del Consejo de la Judicatura. Sus miembros están a la espera de que los nuevos vocales sean posesionados por la Asamblea, aunque ya han existido conversaciones sobre el tema.

El propósito de la Mesa es “controlar los tiempos de la Justicia”, explicó el coordinador nacional de la Comisión, Jorge Rodríguez. Para esto se invitará a representantes de las universidades, de los colegios profesionales y otros actores de la sociedad civil. Ellos monitorearán el cumplimiento de los plazos en los procesos judiciales. También participará la Organización de Naciones Unidas.