RETOS DE LA JUDICATURA

Los principales órganos de la represión en la década pasada fueron el Consejo de la Judicatura y la Superintendencia de Comunicación. Sin pudor, el anterior gobierno declaró que “metía la mano” en la Justicia. Puso al frente, como sicario de la persecución, a su propio secretario particular, quien concentró en sus manos todo el sistema con pesquisas y supuestos supervisores.

Una impresionante burocracia que los consejeros transitorios no pudieron controlar, peor liquidarla. No había juez, fiscal u operador de justicia que saliera de su control, especialmente en los contenidos de autos y sentencias en contra de los críticos y adversarios políticos.

Los pocos que defendieron la independencia en sus providencias, fueron víctimas de persecuciones implacables. Este régimen de barbarie debió terminar con la Judicatura Transitoria, pero sus miembros no entendieron que sus funciones eran solo sobre el control administrativo. Pretendieron ser sucesores de la ignominia y, entre dislates y divisiones, concluyeron su intervención sin pena ni gloria.

Cabe esperar que el actual grupo de juristas del nuevo Consejo de la Judicatura asuman sus funciones con las limitaciones que establece la Ley y procedan a elaborar un estatuto, para que la Fiscalía retome la autonomía que le otorga la Constitución y que los informes de Contraloría permitan la formulación de cargos penales de inmediato.

Sin renunciar a su derecho de evaluación de los jueces, deben respetar su independencia y entender que el máximo organismo de la Justicia es la Corte Nacional. Y que se deshagan a más de un millar de burócratas incrustados en el sistema y permitan que este se ajuste a un verdadero orden constitucional.