‘DERECHO DE REPETICIÓN TIENE UN VALOR DE ESCARMIENTO’ Íñigo Salvador asumió el cargo de Procurador General en 2018. Apuesta a la mediación.
Soy un viejo idealista”. El procurador general, Íñigo Salvador, lo dice en medio de la conversación, recordando su juventud, único tiempo en que hizo política. En grabación cuida cada palabra, aunque reconoce que sí le gusta ‘irse de lengua’. Hace una pausa antes de iniciar una frase.
Ahora tiene un cargo en el que “el reto profesional es menor que el reto político” y tiene que “enfrentarse a intereses contrapuestos”. Ha sido diplomático en Cancillería, abogado en libre ejercicio y decano de Derecho en la Universidad Católica del Ecuador. Actualmente es Procurador General del Estado.
Estar al mando de la defensa del Estado implica plantear sus propias estrategias. La Procuraduría maneja más de 90.000 casos. En la mayor parte, el Estado es el demandado. La institución tiene 512 funcionarios, 200 hacen patrocinio, es decir, cada uno revisa aproximadamente 4.500 casos.
¿Se considera un abogado que va para ganar el caso o para resolverlo?
El caso tiene que ser resuelto de la forma más eficiente posible. Esa forma debería ser siempre la de un acuerdo, pero llega un momento, que no hay vuelta atrás. Entonces hay que poner la solución en las manos de un juez o un árbitro.
En la Procuraduría, he aplicado la mediación en todos los casos. En los últimos meses, hemos solucionado por la vía amistosa, los arbitrajes de OCP y Repsol. Estamos en proceso de resolver el de Merck y uno de los casos del tranvía de Cuenca.
¿Le conviene al Estado la mediación?
Cuando uno empuja un arbitraje o juicio hasta el final no sabe cuál va a hacer el resultado, sino hasta el último momento, pero mientras tanto tiene que tener activo un aparato de defensa, en el cual, el rubro más oneroso es el pago de abogados.
En los arbitrajes internacionales, generalmente se han contratado abogados internacionales. Eso es carísimo. Nuestro presupuesto anual era de $50 millones. Aproximadamente $25 millones se fueron en abogados internacionales.
¿Se han revisado los contratos con los estudios jurídicos extranjeros?
Inicié un proceso de negociación con todos. Logré rebajas que van a representar, al final de cada año, un ahorro de dos a tres millones. Hemos hecho que la Procuraduría asuma lo más posible del trabajo, con la asesoría del estudio jurídico extranjero. Así hemos hecho en el caso Chevron, en la fase de cuantificación.
Estoy ultimando la reforma del Reglamento de Contratación de Estudios Jurídicos para permitir la intervención de los estudios jurídicos locales, cuyos costos son sustancialmente menores. Mi esperanza es que podamos prescindir de los estudios jurídicos extranjeros y que contemos exclusivamente para asesorías puntuales.
Durante el correísmo se usaron los estudios jurídicos extranjeros. ¿Cuál es su evaluación?
Los estudios jurídicos contratados por la anterior administración son reconocidos y respetados a nivel internacional. No son de los más caros. Salvo el caso Chevron, que es absolutamente anómalo, creería que la defensa de Ecuador fue óptima.
No quiero adelantar criterios. A los periodistas les encanta que yo sea abierto y que me vaya de lengua, pero hay cosas que prefiero no decir.
¿Qué cosas prefiere no decir?
(Duda en qué palabras usar) Un caso no se pierde solamente cuando se llega a juicio. Un caso está perdido de antemano. Lo que uno hace es tratar de minimizar las pérdidas, controlar los daños. Hay casos en los que el Estado no hizo las cosas bien durante la administración del contrato o lo dio por terminado de manera inconsulta. No se agotaron todas las vías de diálogo.
En la época que yo he estado no se han pagado indemnizaciones. En 2005, al inicio de la época de los arbitrajes, se ganaron un par. De ahí, prácticamente en la totalidad hubo que pagar indemnizaciones, pero termina siendo una especie de victoria cuando la indemnización es menor de lo pedido.
Pero igualmente representa ineficiencia del Estado que no evitó los juicios.
El tema es que la Procuraduría tiene que recuperar el control previo de legalidad. Una de las formas de evitar la litigiosidad es ver que los contratos estén bien negociados, que se ajusten a la Ley. Esto ahorita le debería competir a la Contraloría, pero todos los organismos del Estado están desbordados.
¿Cómo hacer para que el Estado ejerza su derecho a la repetición sobre los responsables?
La repetición opera cuando hay una sentencia de un tribunal que le impone a Ecuador la obligación de indemnizar y cuando ha realizado el pago. La repetición tiene un valor de escarmiento ejemplificador. Los funcionarios en el futuro tendrán mucho cuidado de no cometer los mismos errores.
¿Se ha ejercido en el país el derecho de repetición?
Se está haciendo. Todavía no tenemos ninguna sentencia. Uno es el caso de los legisladores del Congreso Nacional que destituyeron a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, por el que Ecuador fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Supongamos que fueron sesenta diputados que votaron a favor de la destitución. Hay que citarles a todos para que el proceso pueda iniciar. Estamos en esa fase.
La sociedad tiene una mala memoria. ¿El escarmiento no debería ser más pronto?
Acabamos de recuperar cuatro millones de dólares... ¿Ha oído hablar del caso Ortega? Estuvo relacionado con los malos manejos del Banco Continental hace 25 años. La gente va a decir: ‘qué bueno, pero ya ni me acuerdo’. Esto sirve para dar una idea de cuánto esfuerzo requiere y cuánto tiempo demora el recuperar los dineros.
De los casos de corrupción del anterior gobierno, se han recuperado $70.000 del caso de Álex Bravo, pero es una ínfima cantidad. Puede parecer malas noticias, pero tarde o temprano se va a recuperar ese dinero. Eso es desmoralizante en un país que está acostumbrado a la impunidad. Pero la noticia es: sí se recupera, no se recupera todo lo rápido que se quisiera y probablemente no todo. Es importante recuperar los activos, pero también castigar a los culpables.
¿Cómo ve las acciones del Ejecutivo de recuperar $13 millones de Tomislav Topic?
Lo que está haciendo es activar a la Fiscalía, de ponerle frente a la obligación de investigar y de llevar a juicio esos temas que le están llegando por otros lados.
En el sistema judicial hay un ‘cuello de botella’ que se llama Fiscalía. El tema no es solo de inestabilidad de sus personeros máximos. Es también que no tienen recursos suficientes, no hay suficientes fiscales. Si la Fiscalía no concluye la instrucción fiscal y acusa, la Función Judicial tampoco puede intervenir para juzgar y condenar. Pero cuando los casos pasan a la Función Judicial tampoco es eficiente.