Se exonera el 100% del pago del anticipo del Impuesto a la Renta
Fue declarado inocente por peculado y hay fuerte rechazo. Judicatura abrirá investigación.
Este y otros casos que ofenden al país, nos obligan a tener nuestros ojos puestos en la Justicia. No es posible luchar contra la corrupción y el delito si fiscales y jueces no hacen su parte, indignante”. MARÍA PAULA ROMO MINISTRA DEL INTERIOR La Fiscalía General del Estado apelará la decisión del tribunal, según tuiteó la fiscal (e), Ruth Palacios.
GUAYAQUIL Y QUITO • Representantes de diversos sectores cuestionan el fallo del Tribunal de Garantías Penales del Guayas, que ratificó el viernes por la noche el estado de inocencia del exministro Iván Espinel y de otros siete procesados por el presunto delito de peculado.
Cabe señalar que el exministro de Inclusión Económica y Social (MIES) aún enfrenta una orden de prisión en firme por un delito de lavado de activos. La causa penal se tramita en la Unidad Multiconpetente de Samborondón.
Esto, pese a que el viernes, en horas de la noche, el Tribunal de Garantías Penales de Guayas, compuesto por Dora Vargas, Smirnova Calderón y Edwin Logroño favoreció a Espinel declarándolo inocente de peculado, configurado a través de pagos irregulares de facturas a clínicas privadas y prestadoras de servicios médicos, a la red de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Hay que recordar que en el primer caso, la jueza de Samborondón, Paola Dávila, ordenó la prisión preventiva del exfuncionario, sobre la base de una indagación fiscal que determinó que Espinel recibió dineros por un monto de 669 mil dólares, pero no logró justificar 378 mil dólares.
Pero tras el fallo del tribunal, el fiscal Walter Jaramillo dejó notar su descontento con la actuación de los magistrados, al sostener que la indagación consolidó pruebas fehacientes del cometimiento del delito, pero aún así, resolvieron absolver a quien también fue candidato a la Presidencia.
De 43 millones a 5.900 dólares
César García, abogado de Espinel, tras conocer la resolución, mantuvo la retórica expresada durante la diligencia que inició en enero y finalizó recién la noche del 15 de febrero. En ese sentido, dijo que no hubo delito y que se ha demostrado que jamás hubo un mal manejo de 43 millones de dólares, según la tesis de la Fiscalía, que al final bajó la cuantía a 123 mil dólares.
“El informe de Contraloría tenía un monto de 43 millones de dólares y cuando el fiscal acusó, lo hizo por 123 mil dólares y al momento de individualizar los valores a los ocho procesados, acusó a Espinel por 5.900 dólares”, explicó García.
Rechazo a la decisión
Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, manifestó que la administración de Justicia va en contravía de cualquier intento de luchar contra la corrupción y que el caso Espinel es el claro ejemplo de que los jueces continúan actuando bajo la lógica de favorecer la impunidad en los grandes casos de corrupción, a pesar de la voluntad política del presidente, Lenín Moreno, o de cualquier otro actor de Gobierno, de combatirla. “Mientras tengamos los mismos jueces vamos a tener las mismas sentencias”, advirtió.
El pronunciamiento de los jueces también fue rechazado por el presidente del Frente Popular, Nelson Erazo, quien dijo que es una evidencia de que hasta el momento, la Justicia no ha cambiado y que aún se encuentran en su sistema de administración magistrados que representan los intereses del correísmo, “que harán hasta lo imposible para que los responsables de la corrupción en este país se beneficien de las mejores sentencias”.
Julio Arévalo, exjuez de Guayas y activista judicial, estimó que el fallo va a traer cuestionamientos, especialmente, el de una sociedad que no ha tenido acceso al expediente y que únicamente conoce del mismo a través de las noticias. “La ciudadanía ya declaró culpable a Espinel desde que se conoció de los presuntos delitos que cometió”, anotó.
La asambleísta por la Izquierda Democrática, Wilma Andrade, considera que los jueces en su fallo no analizaron a profundidad las circunstancias y los hechos que generaron el proceso.
“No puede ser que después de que hay informes de la Contraloría, que son contundentes, como el informe fiscal (…), un juez dé una resolución que a la larga genera desconfianza en la Justicia”, dijo la legisladora.
Añadió que este tipo de actuaciones judiciales lleva a creer a la ciudadanía que la impunidad campea en el país. “El juez se burla de los ecuatorianos y de la Justicia al dar una sentencia que solo favorece al corrupto, no al país”, dijo.