El país tiene 4 tareas para cumplir con los acuerdos Gobierno debe establecer medidas de ajuste y recalcular su financiamiento tras negociaciones con multilaterales.
QUITO, EFE Aunque analistas y miembros de sectores productivos coinciden en que los acuerdos alcanzados con siete organismos multilaterales constituyen una buena noticia y un paso para salir de la crisis, a su vez, llaman la atención sobre las tareas pendientes que debe realizar el Gobierno para que todo llegue a buen puerto, y los 10.275 millones que se recibirán, en los próximos 3 años, se aprovechen de manera eficiente.
En primer lugar, las autoridades deben establecer, de manera clara, cuáles son las medidas de ajuste y el plan de sostenibilidad que sustenta los acuerdos. En este sentido, es importante que, lo más pronto posible, se publique el contrato del entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y, al mismo tiempo, se pongan sobre la mesa las acciones que serán necesarias, en el campo fiscal, tributario, laboral y de optimización del sector público, para cumplir con la meta de una reducción anual del 1,5% en el déficit hasta llegar a un superávit de 3% en 2021. no explicar el plan económico. “Las autoridades no se refirieron a reformas estructurales concretas.
Esto refleja que los acuerdos son una estrategia desesperada para conseguir cierta calma en medio de una situación de pocos dólares en el fisco, mínimas reservas en el Banco Central y difíciles condiciones de financiamiento”, dijo.
Por otro lado, tampoco hay claridad sobre cuáles serán las nuevas necesidades de deuda, ni qué porcentaje de los créditos llegarán como de libre disponibilidad durante cada uno de los siguientes tres años. Así también, si parte de los 4.200 millones que recibiremos del FMI irán para fortalecer las reservas.
“De los 4.600 millones que llegarán este año, al menos 1.400 serían por parte del FMI. Esto quiere decir que 3.200 millones corresponden a los otros multilaterales, pero 1.300 millones ya estaban incluidos en la Pro forma de 2019, lo que implica que en realidad casi 2.000 millones serían recursos nuevos. Esto no parece factible”, puntualizó Carrera. de manera general, que los fondos de este año se destinarán a inversión y gasto social, aunque también aseguró que se pagarán los atrasos de 400 millones con proveedores.
Finalmente, se debe profundizar la transparencia de las cifras, tanto fiscales como económicas, sobre todo en zonas oscuras como el área petrolera, deuda pública, deuda colateral, empresas públicas, proyecciones de recaudación tributaria, entre otros.
Pablo Lucio Paredes, analista económico, acotó que los pagos crecientes en este año y el siguiente implicarán, aunque no sepamos cómo, menos gastos improductivos.
Por su parte, Pablo Arosemena, miembro de la Cámara de Comercio de Guayaquil, aseveró que, aunque el Gobierno no lo ha confirmado ni negado, un aumento en el IVA sería contraproducente y provocaría una caída de al menos 3% en la actividad económica. Sin embargo, la acción de protección presentada fue negada el 15 de febrero pasado, bajo la premisa de que existen vías ordinarias para la protección de derechos. Este dictamen involucra el trámite de las denuncias a través de la justicia ordinaria y la Fiscalía, que según Benítez, resulta beneficioso para las operadoras, pero perjudicial para los clientes, porque implica trámites largos, que pueden durar más de dos años, con los correspondientes costos económicos.
En caso de que no se acepte la apelación, se tramitará una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. “Las personas se enteran de los cobros indebidos cuando aparecen en el buró de crédito, revisan sus estados de cuenta o son llamadas por las mismas operadoras por el inicio de un proceso coactivo”, concluyó.