Furukawa: piden soluciones
Los trabajadores de la empresa Furukawa se dirigieron ayer a la sede del Ministerio del Trabajo para solicitar que el Estado “aplique la sanción correspondiente a la figura ilegal de contratación”. Esto, ante el fin de la suspensión de actividades de la compañía el próximo 21 de abril.
David Suárez, miembro del Comité de Solidaridad de los trabajadores de Furukawa, fue el encargado de detallar el caso y de cómo en las mesas de negociación entre la empresa, el Estado y los trabajadores “no se llegó a consenso”.
“Los trabajadores están buscando sus reparaciones luego de haber trabajado para esta empresa sin las condiciones mínimas de bienestar. De las mesas que se instalaron no se llegó a nada”, dijo Suárez.
Al menos 200 trabajadores denunciaron en febrero a Furukawa por mantener condiciones de trabajo de “esclavitud moderna”, al no tenerlos afiliados ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no pagarle salarios básicos y mantener una dinámica de producción sin pensar en la integridad física de los trabajadores.
El Estado puso una multa y ordenó el cierre por 60 días de la empresa en las provincias de Los Ríos y Santo Domingo.
“Nosotros no vamos a descansar. Ahora nos dicen que la empresa va a volver a abrir sin ningún acuerdo de por medio y también nos amenazan con que van a desmontar nuestros campamentos. Mientras respire, seguiré luchando”, dijo Delcita Guerrero.
Reacción
El caso de Furukawa ha generado reacciones a nivel internacional. Por ejemplo el Ministro de Desarrollo de Noruega, Dag-Inge Ulstein se mostró “conmocionado” ante el caso de “esclavitud moderna presente en Ecuador”.
Por otro lado, desde Furukawa emitieron un comunicado donde se establece “garantías laborales” a todos los empleados. Además, hacen referencia a un “colectivo de organizaciones en beneficio de los Derechos Humanos” que han revisado las instalaciones de la empresa indicando que “nosotros respetamos a todas las personas que trabajan aquí”.
Ante esto, Suárez indicó que le gustaría saber “quiénes son esas organizaciones de los Derechos Humanos que ellos mencionan y cuál es su trayectoria”.
“Ellos sólo protegen a los empleados que trabajan en las oficinas, pero los que estamos en el campo no tenemos beneficios”, sentenció Guerrero.