Naturalización de Assange estuvo llena de irregularidades
Analistas advirtieron las anomalías. Se dio cuando Espinosa era la canciller.
Durante su comparecencia del jueves a la Asamblea, el canciller José Valencia expuso nueve razones que tuvo el Gobierno para retirar a Julian Assange la condición de asilado diplomático, en la que consta la revisión integral del proceso de naturalización como ciudadano ecuatoriano, debido a múltiples inconsistencias encontradas.
Aseguró que se encontraron documentos adulterados, “presuntamente por el peticionario” como, por ejemplo, uno de identidad con numeración que no corresponde a los departamentos de la Cancillería que gestionan esos temas, y en el que consta una firma del asilado que no coincide con los que usa en otros documentos públicos.
Otras inconsistencias que citó el Canciller es que no hay constancia de que haya pagado derechos de procedimientos de naturalización, ausencia de un dictamen jurídico e irregularidades en el pasaporte de Assange, del que se desconoce cómo lo obtuvo.
“Llama la atención que en las entrevistas y pruebas de naturalización del 4 de diciembre de 2017, sobre el idioma español, el señor Assange obtenga una puntuación de 100/100. Esto contrasta con la evidencia de que no tiene el conocimiento contundente del idioma…”, manifestó Valencia.
Criterios
El internacionalista Santiago Orbe y el exvicecanciller Marcelo Fernández de Córdova cuestionan que el Gobierno se “haya dado cuenta tarde”, que el otorgamiento de la nacionalidad ecuatoriana a Assange, hoy suspendida, haya tenido inconsistencias, cuando desde el inicio, dicen, se alertó de las irregularidades.
Fernández de Córdova asegura que hubo todo un montaje para favorecer a Assange y recuerda, como un elemento inicial de estas irregularidades, que se señaló como domicilio la parroquia de Chaupicruz en Quito, cuando jamás había visitado Ecuador y a la fecha de su naturalización se encontraba refugiado en la embajada de Ecuador en Londres.
“Hay falsa información. Normalmente una naturalización requería que el beneficiario hubiese prestado servicios relevantes al país. Que nos digan qué servicio relevante prestó Assange, ninguno”, enfatizó. Fernández de Córdova agregó que usualmente el que firmaba el decreto de naturalización era el Presidente de la República, pero que se reformó el reglamento para que se otorgue con la firma de un funcionario de Cancillería, para “eludir responsabilidades”.
Por su parte, Orbe añade que incluso se le nombró funcionario diplomático para que pueda abandonar la legación ecuatoriana en Londres. “Hoy salen a la luz todas estas cosas, pero la prensa y muchos analistas ya mencionaban las arbitrariedades y lo inconsulto que parecía en su momento la aparición de esta idea”, recordó.
Los responsables
Tanto Orbe como Fernández de Córdova señalan como responsable principal de esta serie de irregularidades a María Fernanda Espinosa, quien a la fecha de la naturalización (diciembre de 2017) ejercía como ministra de Relaciones Exteriores.
“La excanciller no se daba cuenta que en su ‘ locura’ de tratar de buscar un mecanismo para tratar de que Assange salga de la embajada de Ecuador en Londres, lo que estaba haciendo es perjudicarle, ya que la forma en que estaba remitiendo los documentos era la más inadecuada y, sobre todo, atentatoria contra la dignidad del mismo señor Assange y hoy le estamos viendo”, dijo Orbe.
Agregó que se cometió abusos y que se dejó en entredicho a la diplomacia ecuatoriana. “No se dañó simplemente a la Cancillería, sino a todo el país”, comentó.
Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia de la República, evita señalar a Espinosa como responsable del otorgamiento fraudulento de la nacionalidad. “Nosotros presumimos que Assange, dentro de la habilidad para engañar que ha tenido, engañó a la Cancillería y en ese engaño es donde habrá que realizar la investigación”, fue su respuesta.
Assange recibió la carta de nacionalización como ecuatoriano el 12 de diciembre de 2017, pero se supo el 11 de enero de 2018.