Esperan fecha para audiencia de juzgamiento por femicidio en Ibarra La penúltima diligencia legal para el llamamiento a juicio contra Yordi L. se desarrolló a finales del anterior mes.
IBARRA • La comunidad ibarreña en general, así como los familiares más cercanos a la víctima de femicidio, Diana Carolina R., se encuentran en expectativa por saber cómo continúa el proceso en torno al extranjero detenido, que atentó contra la vida de la mujer de 22 años de edad en plena vía pública, el 19 de enero del presente año.
La fiscal que lleva adelante la investigación y la causa judicial sobre el caso, María Bernal, mencionó que la audiencia preparatoria de juicio se cumplió casi a finales de marzo. A la convocatoria judicial solo asistieron los abogados tanto de la familia de Diana como el jurista público del procesado.
El juez de turno escuchó con atención todo el relato de los hechos. Al igual, se presentó los resultados de las diligencias indagadas y las evidencias. Con esos insumos, la autoridad competente justificó y dio paso para la audiencia de juzgamiento.
Se tiene previsto que la próxima semana pueda el Tribunal Penal de Imbabura, reunirse para sortear a los magistrados que atenderán la audiencia de juzgamiento y fijar la fecha para la cita pública, máximo en este mes.
De acuerdo con Bernal, no sería necesaria la presencia del venezolano Yordi L. A través de una conferencia vía Skype se procedería a efectuar las interrogantes que se promuevan durante la diligencia.
En su momento, los allegados de la fallecida solicitaron a la justicia celeridad y que se aplique la ley con todo su peso.
Proceso
Fueron más de 30 días que duró la instrucción fiscal, en la cual agentes de Policía, del Ministerio Público, recabaron todos los indicios de convicción hasta desarrollar la audiencia de llamamiento a juicio.
Marlon Jácome y Santiago López, abogados particulares de la familia de Diana, manifestaron que se adhieren a las pruebas presentadas en su tiempo por la Fiscalía, así como la argumentación expuesta ante el juez pertinente.
Mauricio Castro, vocero oficial de la familia afectada, expuso sus posiciones y espera que se mantenga la transparencia y agilidad en referencia al caso judicial, a fin de que el presunto responsable pueda ser condenado de acuerdo al delito de acción pública cometido, con la pena máxima. Así mismo, pidió que el Estado acepte su responsabilidad en el proceso, no porque existe o se exige una reparación integral, sino para que no vuelva a ocurrir en el territorio este tipo de casos.