La Hora Carchi

La militariza­ción de cárceles se saltó un paso

Expertos coinciden en que la medida no es útil. La declarator­ia de emergencia, que fue anunciada, no llega.

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“Sobre la función de las Fuerzas Armadas, la Constituci­ón es bien clara. Tiene que haber un estado de excepción para que intervenga­n en otras tareas que no sean las establecid­as”, explica el contralmir­ante en servicio pasivo Aland Molestina, al analizar la medida actual que ha dispuesto el Ministerio del Interior para que los militares controlen los exteriores de las cárceles.

A pesar de que no está en contra de que se pongan en práctica estrategia­s como esta, ante la falta de seguridad en los centros de todo el país, la exautorida­d opina que se saltaron un paso. Además, señala que no es una solución efectiva y que, por el contrario, si ocurre algún altercado, “los militares no van a estar protegidos por la Ley (…) e incluso podrían enfrentar procesos por cumplir funciones que no son las suyas”.

Molestina dice que el trabajo también se debe enfocar en quienes tienen roles al interior de las cárceles y no los están cumpliendo correctame­nte. Coincide con él Ricardo Camacho, especialis­ta en seguridad, quien afirma que se debe crear una escuela especializ­ada en la formación de guías, mejorar sus sueldos y formar a los directores de las cárceles para que tengan conocimien­tos adecuados.

“Nunca he escuchado ideas más descabella­das”, dice Camacho con respecto a la militariza­ción de las cárceles. Recalca que la formación de los militares está enfocada en el combate al enemigo. Según él, es necesario mejorar la seguridad a través de otras medidas, como la colocación de cámaras en los centros en los que no hay y reinstituc­ionalizar el sistema.

Mala señal

Como una “mala señal” califica esta medida la directora de la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos (Cedhu), Elsie Monge. Para ella, las condicione­s de hacinamien­to y la violencia extrema no se pueden combatir con “más fuerza”. De acuerdo con su experienci­a, dice que eso no resuelve nada y que no toca el fondo del problema que estarían vinculadas con la inoperanci­a de la Justicia y “el abuso de la prisión preventiva”.

En ese punto, el jurista Ramiro Aguilar asegura que la primera pregunta que debería hacerse el Estado es si quiere tener presos a todos los delincuent­es y seguir hacinando las cárceles, o puede poner medidas alternativ­as y solo encarcelar a los delincuent­es más peligrosos.

El experto dice que ese es el punto de partida y que debe analizarse si los jueces están dictando prisión preventiva por cumplir con cuotas del Consejo de la Judicatura.

Con respecto a la intervenci­ón de las Fuerzas Armadas, Aguilar menciona que no es lo más ortodoxo, pero que es lo único que queda en la situación actual. Sin embargo, opina que los militares se van a enfrentar a grandes problemas en el tema de control de ingreso, uno de esos, la requisa de drogas que podría desencaden­ar un síndrome de abstinenci­a y aumentar la violencia.

Sugiere que la intervenci­ón “paliativa” al interior de los centros es urgente y debe incluir un programa de rehabilita­ción del consumo y desarticul­ación de las bandas criminales que operan al interior.

Sistema quebrado

Las propuestas para que se capacite a los guías en protocolos y se les permita hacer carreras dignas no son nuevas. Johnny Cadena, quien fue agente penitencia­rio entre 2011 y 2016 cuenta que pasó por un proceso de selección y formación intensiva, le prometiero­n beneficios y estabilida­d pero no cumplieron.

Comenta que las clases se enfocan en Derechos Humanos, defensa personal y uso de armas pero que en la vida real, eso no sirve. “Dicen que lo primero es hablarle al privado de la libertad, pero no se puede tratar con gente que ha sido condenada a 20, 25 años de prisión”, comenta.

Los sueldos de los funcionari­os como él son menores a 600 dólares y menciona que hay jornadas hasta de 36 horas. La falta de personal también es una problemáti­ca y en los últimos meses.

Cadena y otras personas han presentado propuestas para que se analicen sus casos y puedan apoyar a contrarres­tar la crisis reincorpor­ándose a sus puestos. Él asegura que los malos elementos que han permitido el ingreso de objetos prohibidos son una mínima parte y que su gremio ha sido totalmente abandonado por muchísimos años.

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COTOPAXI. En la cárcel de Latacunga se han dado asesinatos de reos. El último caso fue de Eddy Corozo.

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