UNA PARED DIFíCIL DE DERRIBAR

Limitar sus funciones, hacerlo desparecer y crear una Asamblea Nacional de dos cámaras son las cartas que están sobre la mesa en lo que se refiere al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Un proceso del que se habla tal vez demasiado y sobre el que pesa lo establecido por la Constitución, una pared difícil de derribar. La Corte Constitucional dirá el camino a seguir en cualquiera de estas variables.

Consejo carga sobre sí una mala historia, pese a que sus miembros fueron elegidos por votación popular. En la década correísta se le manejó como apéndice del Poder Ejecutivo y no gozó de autonomía alguna. Recientemente sus remanentes diseñaron una estrategia electoral para apoderarse del Consejo y, entonces sí, que esta actuara de acuerdo con sus atribuciones constitucionales.

Se quería que volviera a ser el apéndice que Correa perdió con el Consejo transitorio. No hay democracia sin la posibilidad de “desestabilizar” al poder constituido. La Carta Magna suele “embridar” y dar las líneas rectoras cuando se llega a tales coyunturas. En nuestro caso la de Montecristi, cuyo “mentor” le pronosticó 300 años de vida, hasta hoy ha experimentado reformas y parches de todos los colores.

Fueron los asuntos que debieron normarse y fueron desatendidos o ignorados, los que crearon el problema que afrontamos. El Consejo de Participación vino de ahí, de una percepción de lo que era políticamente posible y deseable. El Consejo está ahí, está actuando y tiene capacidad para “poner a raya” a más de uno de sus detractores. Aún puede hacerse sentir, dados sus atributos constitucionales. Ese es el problema.