Aviones de Correa se gastaron más de $9,6 millones
QUITO
La Contraloría notificó al expresidente, Rafael Correa, una glosa por 9’649.761 de dólares por un supuesto uso indebido de los aviones presidenciales Legacy 600 y Falcon 7X durante el 2012 al 24 de mayo de 2017.
Las malas decisiones comerciales, con el aumento sin sustento de rutas y vuelos, tanto nacionales como internacionales, provocaron que Tame caiga, desde la década correísta, en una situación de grave iliquidez, lo que impidió hacer un adecuado mantenimiento a la flota de aviones.
Esto se puede visualizar a través de un examen especial, realizado por Contraloría, a los contratos de tres aviones arrendados a las empresas Aercap Leasing 946 Limited, Aircraft 949 Statutory Trust y Genésis China Leasing 1, y que estuvieron en tierra desde enero 2017, sin generar ningún beneficio para la aerolínea estatal, sino solo más costos.
La principal conclusión del examen, que comprendió el periodo entre el 01 de septiembre de
2015 y el 31 de diciembre de 2018, es que Tame tuvo que pagar una indemnización de $16,2 millones por incumplimientos técnicos, operativos y financieros en la ejecución de los tres acuerdos de arrendamiento operativo.
Esos más de 16 millones, pagados en 2018, como requisito para llegar a un acuerdo de reestructuración de los contratos, son el resultado de la suma de obligaciones acumuladas como cuotas atrasadas de arrendamiento y reservas para mantenimiento, costos por el mal estado de los motores, deudas por mora e intereses, reposición de repuestos y piezas utilizados para poner en operación otros aviones de la flota, entre otros incumplimientos técnicos y financieros.
Acuerdo de reestructuración
La Contraloría determinó que, el 18 de mayo de 2018, la empresa pública Tame llegó a un acuerdo con empresas arrendatarias para devolver los aviones, tipo Airbus, con las siglas CMO y COF; y extender el contrato de la aeronave CPB. Sin embargo, las tres aeronaves siguieron fuera de servicio hasta muy avanzado 2019, debido a que no existía el dinero suficiente para reparar los motores dañados, y hacer otros gastos necesarios para que se les otorguen los certificados de aereonavegabilidad.
En otras palabras, hasta la fecha de cierre del examen espacial, el 31 de diciembre de 2018, Tame no había podido devolver los aviones CMO y COF, ni poner en el aire al CPB. Es más, ninguno tenía el certificado de operatividad, y se mantenía en tierra con varias piezas faltantes, que se utilizaron para reponer fallas en otras aeronaves de la aerolínea estatal. Recién, el 22 de julio de 2019, el Airbus CPB volvió a volar, y comenzó a generar ingresos.
Además, el órgano de control determinó que Tame firmó el acuerdo de reestructuración sin estudios o informes que sustenten los valores adeudados a las arrendatarias, y las causas de los incumplimientos en los contratos.