300.000 venezolanos vivirán en el país
Se incrementarán inspecciones en el sector laboral para vigilar su condición de vida.
Ecuador ampliará por un mes la emergencia declarada por la migración venezolana, pues estaba previsto que la medida terminara a finales de agosto; sin embargo, el canciller, José Valencia, anunció ayer que la decisión se mantendrá hasta el 30 de septiembre.
Sobre las restricciones que el Gobierno ha impuesto en la frontera norte, Valencia declaró: “No es bloquear el ingreso por bloquearlo. Surge de un mandato legal. No busca impedir la migración, sino regularla”.
Según las cifras oficiales, entre enero y el 27 de agosto, han ingresado al país 641.000 vene- zolanos y han salido 524.000. Si la tendencia se mantiene, aclaró Valencia, hasta diciembre podría haber entrado un millón de venezolanos. Esto significaría un incremento de más del 70% respecto al 2017, cuando entraron a Ecuador 288.000.
Valencia agregó que el 80% de los venezolanos que ingresan lo hace portando un pasaporte.
Además anunciaron que habilitarán una central telefónica para que los venezolanos puedan hacer denuncias sobre explotación laboral o irregularidades.
Había pasado hora y media cuando el periodista José Hernández le dijo al canciller, José Valencia, que estaba bien que los ministros hablaran de defender la legalidad, “porque no pueden hacer otra cosa”. Pero que eso no está resolviendo la situación de miles de venezolanos en el país. Valencia regresó a ver a los ministros, micrófono en mano, y dijo: “¿Quién responde esta pregunta?”. Y ese parece ser el dilema: ¿quién responde esa pregunta?
Antes de que esto sucediera, el Canciller había revelado que en todo 2017 ingresaron al país 288.000 venezolanos, pero que en los primeros ocho meses de este año entraron 641.000.
Y que si la tendencia se mantiene, en todo este 2018 la cifra habrá llegado a un millón. Es decir, 70% más que el año anterior.
No todos se quedan, la gran mayoría sigue su camino hacia el sur. Sin embargo, la proyección del Gobierno es que para diciembre haya unos 300.000 venezolanos viviendo permanentemente en el país. De ellos, 60.000 serían menores de edad.
“Eso significa que deberías construir unas 60 escuelas nuevas para poder brindarles educación”, dijo Valencia.
Estas declaraciones las ofreció en un encuentro con periodistas, en el Palacio de Carondelet, en el que estuvo acompañado por otros ministros. Entonces, anunció que la emergencia declarada en Carchi, Pichincha y El Oro será extendida. La medida debía concluir pasado mañana, pero tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre.
Un pedido a Venezuela
Y justificó así las medidas restrictivas que ha impuesto el Estado para el ingreso a través de la frontera norte: “Buscamos fórmulas creativas de salida. No es bloquear el ingreso por bloquearlo, surge de un mandato legal. No busca impedir la migración, sino regularla”.
Dijo que está consciente de que es difícil conseguir pasaporte o un certificado para la cédula venezolana, pero aseguró que apenas el 20%, dos de cada 10, no tiene el pasaporte.
Sobre la cédula, afirmó que han detectado que el 20% tiene algún signo de manipulación. “El sistema de identificación en Venezuela es antiguo, no es como el nuestro. Es fácil que sea adulterado”.
Y agregó que aún buscan mecanismos para facilitar el tema: por ejemplo, que un organismo internacional certifique los documentos validando la información con el Gobierno de Venezuela o que el propio Gobierno de Venezuela interconecte su sistema con el del Registro Civil de Ecuador. Pero aún nada concreto.
Guillermo Robayo, representante de la Misión Scalabriniana, entidad que trabaja con migrantes y refugiados, pone en duda que el 80% de los
venezolanos tenga pasaporte.
“Desde nuestro punto de vista no son cifras correctas. En Venezuela, según la oficina oficial, el 51% de la población tiene pasaporte. Entonces, habrá que felicitarle al Gobierno ecuatoriano, que ha conseguido que en Ecuador haya más pasaportes venezolanos que en Venezuela”.
Sobre la extensión de la emergencia migratoria, Robayo aseguró que debería ser nacional y no limitarse a tres provincias, y debería tener el enfoque de Derechos Humanos y no de seguridad.
Las decisiones oficiales se dan ante las críticas de entidades como la Defensoría del Pueblo, que aún espera la respuesta de la Justicia ante su nuevo escrito por la exigencia de certificación de las cédulas.
El defensor del Pueblo, Ernesto Pazmiño, declaró ayer que obtener esa certificación “es igual o más complicado que sacar pasaporte y, sobre todo, vuelve a violar la Ley”.