CNJ aplaza su decisión sobre caso de Carmen Pardo
El Tribunal de Casación tuvo que suspender la audiencia por la complejidad en el proceso y por algunas dudas.
Después de una hora de espera, el Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) llamó a las partes. Entonces entraron la demandante, Carmen Pardo, una mujer que por 26 años vio sus derechos vulnerados, y el demandado, el Estado, representado por la Procuraduría y la Judicatura.
Eran alrededor de las 14:45 de ayer. “Este es un caso de alto nivel de complejidad”, dijo Cynthia Guerrero, presidenta del Tribunal y suspendió la audiencia hasta las 15:00 de mañana, porque necesitan revisar el expediente, “ver las cosas en detalle”. La Jueza dijo que es la segunda ocasión que ese tribunal suspende una audiencia, porque, insistió, el caso es complejo y todavía tenían dudas.
Pardo demandó al Estado por el retardo injustificado en la aplicación de justicia y recibió una sentencia a su favor, el 2 de abril, que obliga al Estado al pago de una indemnización de más de 20.000 dólares por el daño integral.
Por esa sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, la Procuraduría y el Consejo de la Judicatura presentaron un recurso de casación, que fue ad- mitido y analizado ayer por los jueces de la CNJ. Los demandados alegan que no se probó el daño provocado y que “no hay un retardo injustificado indemnizable”.
Así lo indicaron durante la audiencia, en la que también justificaron el recurso porque no existiría la forma de que el Estado inicie proceso de coactiva en contra de los jueces que provocaron el retardo, ya que no estarían mencionados en la sentencia.
Esta postura fue replicada por el abogado Fabrizzio Brito, quien señaló que fueron cuatro jueces, entre 1992 y 2009, los responsables. Todos fueron citados dentro del proceso, pero solo uno compareció.
El caso
El 12 de agosto de 1992, Pardo fue detenida por un supuesto tráfico de drogas. Pasó 11 meses y tres semanas con la medida cautelar. En este tiempo estaba embarazada. En la cárcel fue violada y dio a luz, en calidad de procesada.
El 14 de junio de 1993 fue sobreseída provisionalmente y, al contrario de lo que dispone la Ley, recibió el sobreseimiento definitivo 18 años después, el 23 de abril de 2012, cuando el plazo era de cinco años. Finalmente, el 21 de febrero de 2013 fue ratificado su sobreseimiento definitivo.
Esa demora en la aplicación de justicia, que fue reconocida por la Procuraduría, provocó una serie de vulneraciones a sus derechos: discriminación, impedimento de aperturar cuentas y pedir créditos, dificultades de obtener trabajo, entre otros. Eso fue reconocido por el Tribunal Contencioso Administrativo. Por eso, Pardo espera que la Corte se pronuncie a su favor. De lo contrario, planteará el caso en instancias internacionales.
EL DATO
El Tribunal de Casación dará a conocer su sentencia mañana a las 15:00.