Jueces electorales: solo se salvaron dos
Uno de los argumentos para la decisión final fue la ilegitimidad en los cargos.
El pleno del Consejo de Participación Ciudadana de transición tomó una resolución inédita dentro de los procesos de evaluación a las autoridades.
En el caso del Tribunal Contencioso Electoral cesó a los jueces Mónica Rodríguez, Miguel Pérez y Vicente Cárdenas y dispuso la continuidad de Arturo Cabrera y Patricia Guaicha.
En el caso de los jueces cesados las causales fueron por conflicto de intereses y falta de independencia de las autoridades dominadores. En los demás no se encontraron irregularidades.
De inédita se podría calificar la resolución del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana de transición sobre el resultado de evaluación a la gestión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Al contrario de otros procesos donde ha cesado a la totalidad de las autoridades evaluadas, ayer por unanimidad resolvió separar a tres de los cinco magistrados electorales: Mónica Rodríguez, Vicente Cárdenas y Miguel Ángel Pérez. Mientras que continuarán Arturo Cabrera y Patricia Guaicha.
Dos fueron los principales argumentos para haber cesado a los tres magistrados: incumplimiento en la legitimidad del cargo y por conflicto de intereses. La primera causal tiene relación con el procedimiento de su selección, ya que las autoridades que les designaron, el cesado Consejo de Participación Ciudadana, no eran independientes en el ejercicio de sus funciones al mantener vinculaciones con el régimen de Rafael Correa.
Las razones
Esto generó, según el informe, que los magistrados cesados, incumplan con los requisitos de objetividad y neutralidad política. “Se ha visto que vulneran principios constitucionales y omiten analizar irregularidades sustanciales en cada uno de los procesos de sus funciones, que les facultaba resolver”, consta en la resolución leída por el secretario del Consejo de Participación, Darwin Seraquive.
Sobre el conflicto de intereses, la comisión evaluadora determinó que en el momento de ser seleccionados para los actuales cargos, Rodríguez era vocal suplente del Consejo Nacional Electoral (CNE), por lo que actuó en dos sesiones ordinarias y que con su designación como jueza electoral realizó un autocontrol en las decisiones o acciones, en la que pudo haber participado como vocal alterna.
Por su parte, Pérez integraba el equipo técnico que llevó el proceso en el que fue designado juez electoral, lo que pudo vulnerar el principio de igualdad y oportunidad frente a los demás aspirantes al cargo. “Se permitió a una persona que participó directamente en el proceso de selección (luego) que sea designa- do dentro de ese mismo proceso como juez”, dice el informe.
Sobre Cárdenas, el cuestionamiento es que hubo irregularidades en la valoración de sus méritos para integrar el organismo, ya que se le adjudicaron puntos por haber desempeñado cargos de asesoría en organismos públicos, cuando el puntaje se lo debe conceder solo en el caso de haber ocupado puestos de nivel gerencial, de dirección o de gestión.
Los que se quedan
En el informe aprobado no se encontraron causales, dentro del proceso de designación o del ejercicio de sus funciones, para cesar a Arturo Cabrera. Sin embargo, en su hoja de vida publicada en la página web del TCE, consta que “luego de participar en sendos concursos de méritos y oposición organizados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue designado Consejero suplente del Consejo Nacional Electoral y Juez suplente del Tribunal Contencioso Electoral”. Se principalizó en noviembre de 2016.
Mientras que Patricia Guaicha no entró en la evaluación, ya que se principalizó el 15 de mayo de este año, fecha en que se inició el proceso. La magistrada se integró al organismo tras la renuncia de Patricio Baca Mancheno.