Preocupación ante eliminación de Justicia
CRÍTICA. Organizaciones exigen diálogo al Gobierno. De no darse, plantean medida cautelar ante el cierre del Ministerio. Presupuesto de casas de acogida
El presidente, Lenín Moreno, dijo desde el inicio de su régimen que sería un gobierno que dialogaría con las organizaciones sociales para tomar decisiones.
Pero anunció la eliminación del Ministerio de Justicia sin haber dialogado con ellos y sin anunciar qué pasará con las competencias de esa instancia, que incluyen, entre otras, la atención y reparación a víctimas de violencia sexual y de género, el sistema de menores infractores y la protección de indígenas en aislamiento, entre otros.
¿Qué va a pasar? Es la pregunta que se hacen las organizaciones y que todavía no tiene respuesta. “No hay claridad, ni explicación pública de por qué se elimina y qué va a pasar con las competencias”, cuestionó Manuel Martínez del Pacto por la Niñez.
“¿Los adolescentes infractores pasarán al Ministerio del Interior nuevamente? ¿Qué pasará con el Servicio Especializado de Protección Especial (SEPE)? ¿Qué pasará con los indígenas no contactados”, las preguntas de Martínez se suman a las de otras organizaciones que exigen que el Presidente, antes de tomar otra decisión, se reúna con la sociedad civil.
El pedido es la conformación de una mesa de diálogo para definir si es adecuado el traspaso de competencias y a qué instancias del Ejecutivo podrían ser trasladadas. De no existir una apertura para realizar este análisis en conjunto, no descartan solicitar una medida cautelar para frenar la supresión del Ministerio.
Alerta
Las organizaciones sociales decretaron una “emergencia social” y ayer se reunieron para definir qué acciones tomar. En Quito, representantes del Pacto por la Niñez, la Comisión Aampetra, la Red Nacional de Centros de Atención y Casas de Acogida, la Coalición de Mujeres, entre otras, anunciaron que no están de acuerdo con la decisión del Ejecutivo.
Su preocupación se centra en que, a pesar de que el Ministerio de Justicia “ha sido un mal operante”, según Geraldine Guerra, coordinadora de las Casas de Acogida, no existe otra institución que pueda acoger esas competencias. La razón: no tienen un enfoque de Derechos Humanos y Justicia, no existe el presupuesto asignado y no están presentes donde las personas se benefician de los servicios, explicaron ayer en rueda de prensa.
Amparo Molina, de la Comisión Aampetra, dijo que la decisión les tomó por sorpresa. “La Justicia ya es un tema difícil en el país. Nuestros procesos de reparación y otros
En Ecuador funcionan cinco casas de acogida, a las que pueden acceder mujeres víctimas de violencia con sus hijos. Estas se financian, en parte, con el presupuesto que les asigna el Ministerio de Justicia.
“Solo nos han pagado tres meses este año”, denunció Geraldine Guerra, coordinadora de las casas, quien indicó que no han pagado a los trabajadores y que no tienen presupuesto para comprar alimentos.
Ahora, frente a la eliminación del Ministerio de Justicia, está preocupada porque no se sabe qué va a pasar con las casas. Estas ya han pasado por los Ministerios de Inclusión Económica y Social, del Interior y de Justicia.
“No puede ser que la sociedad civil se haga cargo de toda la protección a las víctimas. Hasta que decidan a qué dirección se traspasarán las competencias, ¿a dónde irán las mujeres víctimas de violencia? No es justo”, agregó.
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casos quedan prácticamente en el limbo. Es imperante una respuesta”, señaló.
Además, rechazan las alternativas de pasar ciertas competencias al Ministerio del Interior o la Secretaría de la Política, porque, por un lado, existe una visión exclusivamente de seguridad o un posible “vaivén, según los intereses de los grupos de turno”.
“Se requiere de un ente rector que tenga la capacidad y la potestad de actuar de manera desconcentrada”, señaló Rocío Rosero de la Coalición de Mujeres.