Consejo transitorio de Participación aprueba su propia evaluación
Organizaciones respaldan su trabajo. Sin embargo, hay dudas sobre el procedimiento para encargos.
En los primeros seis meses de gestión, el Consejo transitorio de Participación Ciudadana cumplió el mandato dado a través de las urnas para evaluar a las autoridades sujetas a su control. Ese el criterio de representantes de diversas organizaciones sociales y veedurías que se integraron para seguir la labor del organismo.
Rosana Palacios, presidenta de la UNE, dijo que esa entidad mantiene el respaldo al Consejo y asegura que sus decisiones han demostrado que se puede tener autoridades que se apeguen a los principios constitucionales y con independencia.
Para la dirigente sindical, a lo largo de las evaluaciones se ha respetado el debido proceso y el derecho a la defensa de las autoridades examinadas, aunque en la mayoría de los casos, los funcionarios resultaron cesados de los cargos.
“Vemos con optimismo el trabajo que ha hecho el Consejo. Creo que ha atendido el pedido ciudadano en cuanto a evaluación, no de todas, de algunas autoridades y también a la designación de los encargados”, dice, por su parte, Boris Cornejo, miembro de la veeduría Mesa de Convergencia.
Las falencias
Sin embargo, los representantes de las organizaciones reconocen que, habiendo cumplido parte del mandato, la labor no estuvo libre de falencias y contradicciones.
Mauricio Alarcón, director de la fundación Ciudadanía y Desarrollo, considera que, si bien llevó adelante lo que se determinó en la consulta popular, queda una gran deuda sobre los procesos de designación de autoridades definitivas, ya que solo se ha nombrado al Procurador y a la Superintendenta de Economía Popular y Solidaria.
Lo que le lleva a cuestionar la forma en que se seleccionaron a los reemplazos. “Los encargos no tienen fundamento jurídico. (…) En segundo lugar, bajo qué criterios se producen los encargos. En unos casos se encarga a personas de la misma institución, en otro a personas externas, en otro a autoridades que se excusan porque han asumido otros compromisos”, dijo Alarcón.
Cornejo, por su parte, considera que en algunos casos los encargos se han hecho de manera correcta, respetando los procedimientos y normativas, pero que en otros no se han sujetado a la normativa, lo que deja la interrogante de qué criterios se tomaron para nombrar a las autoridades transitorias. Considera que el plazo dado para la evaluación resultó corto como para en seis meses salir de “10 años de autoritarismo, donde el Ejecutivo cooptó las instituciones del Estado”, en referencia al Gobierno de Rafael Correa.
Mientras que Palacios asegura que no hay conflicto en la designación de las autoridades transitorias, pero añade que lo ideal es que el Consejo no se quede únicamente en la evaluación y cesación, sino que debe ir más allá, como investigar presuntos actos de corrupción que se pudieran haber cometido.
“No solo deben buscarse responsabilidades administrativas, sino penales en algunos casos. Deben (las autoridades cesadas) responder por lo que hicieron. No basta la destitución, hay que analizar cuál fue el efecto de las acciones de las autoridades”, dijo la dirigente sindical.