Segundo proceso judicial para Romero
Fiscal lo acusó como autor de delito de peculado por un operativo con un perjuicio de más de 100 mil dólares. PROCESO.
El exsecretario nacional de Inteligencia Pablo Romero enfrenta un nuevo proceso judicial. Ayer, la fiscal general (e), Ruth Palacios, lo acusó como autor del delito de peculado por la operación ‘Caminito’, que realizó la Senain en 2013.
Él ya tiene un llamado a juicio como autor del secuestro del político Fernando Balda. Este proceso está suspendido, debido a que se encuentra prófugo en España y a que ese tipo penal no puede juzgarse en ausencia del procesado. Sin embargo, está en trámite su extradición, proceso del cual todavía no existe un dictamen de la Justicia española.
A pesar de que ese juicio está detenido, el proceso por peculado apenas inicia. Ayer arrancaron los 90 días de instrucción fiscal, después de que el juez nacional Luis Enríquez aceptó el pedido de Fiscalía.
Palacios acusó a Romero como autor de peculado y a los exfuncionarios de la Senain Cecilia Santillán, Walter Olaya y Jorge Garzón como coautores. Por esto, el juez dictaminó la prisión preventiva para Rome- ro, mientras que la presentación cada 15 días en la Corte Provincial de Guayas y la prohibición de salida del país a los otros tres.
Además, ordenó la enajenación de bienes y la retención de fondos hasta por el monto del perjuicio en contra de todos.
El caso
De acuerdo con la Fiscal, durante la administración de Romero, se ejecutó una operación de alrededor de 13 millones de dólares, con un perjuicio para el Estado de 110.984 dólares, que no se justificaron.
Esta investigación fue resultado de un examen especial de Contraloría a los fondos públicos permanentes de gastos especiales de la Senain entre junio y agosto de 2013. Allí se encuentra la operación ‘Caminito’, que pretendía recibir información sobre una supuesta vulneración a las cuentas y a las claves personales de altos funcionarios del gobierno de Rafael Correa.
Según lo relatado ayer por Palacios durante la audiencia de formulación de cargos, Romero solicitó a Santillán, funcionaria administrativa, que identificara a un agente de la Senain para que entregara dinero a cambio de información que sería provista en medios magnéticos.
El agente fue Garzón, quien recibió 998 dólares de viáticos para viajar a Uruguay y encontrarse con alias ‘Ruso’, un supuesto ‘hacker’, parte del grupo de individuos que habría vulnerado la información de las autoridades. El trámite terminaba cuando él entregara la información a Santillán y Santillán a Romero. Se hicieron dos pagos a alias ‘Ruso’, uno por 10.000 dólares y otro por 63.000.
Sin embargo, de los elementos de convicción recabados por la Fiscalía, se determinó que no existía información sobre el informante Eduard Soler, de quien se dijo que era de nacionalidad española. Dentro de una de las diligencias, se solicitó a la embajada de España que certificara su pasaporte, pero se indicó que no existía. La operación culminó el 7 de agosto de 2013. “Hubo una operación en la que al parecer, con base en información falsa, se invirtieron dineros públicos”, explicó Palacios. Los abogados de los procesados han solicitado diligencias que no se han realizado. (Foto: Archivo) En el último día de la instrucción fiscal del caso de ejecución extrajudicial del policía Froilán Jiménez, el fiscal del caso, José Maldonado, solicitó que se fije día y hora para una audiencia de reformulación de cargos.
En su pedido, dirigido al juez de la Unidad Judicial Penal de Quito, señala que las versiones, documentación y pericias que se han realizado “hacen presumir que los elementos por los cuales motivaron iniciar la instrucción fiscal por el presunto delito de ejecución extrajudicial han variado”.
Por eso, indica que los nuevos elementos de convicción “llevan al convencimiento que el presunto delito que se cometió es el de asesinato”. En función de esa información, pide que se realice la audiencia en contra de los dos procesados, el teniente coronel de las FF.AA. Wilson R. y el mayor Vicente N.
EL DATO
Crítica
El abogado de Pablo Romero no acudió a la audiencia, así que tuvo a un defensor público.
Nicolás Salas, abogado de uno de los procesados, cuestionó la decisión del Fiscal, porque realizó el pedido el mismo día que terminaba la instrucción fiscal. Debido a que todavía no existe fecha para la audiencia y que, de llegar a darse, estaría fuera del periodo de la instrucción, entregará hoy un pedido en oposición a que se señale día y hora para la diligencia.
La instrucción fiscal inició el 4 de septiembre, por lo que terminaba ayer. En caso de que se reformulen cargos, el acusador tendría 30 días más para reunir elementos de convicción en contra de los procesados y de insistir en los pedidos de información que ha realizado a las FF.AA. y que no han recibido contestación.
EL DATO
La investigación por ejecución extrajudicial inició con el fiscal Fabián Salazar.