Crisis sanitaria afecta al pago de pensiones alimenticias
La situación económica acarreada por la pandemia afectó al cumplimiento de esta obligación.
La mora se incrementó en este último mes. La crisis económica también afecta al pago puntual de las pensiones para alimentos a los menores de edad y jóvenes universitarios.
El pago de las pensiones alimenticias es un drama que preocupa a los ecuatorianos y que aumenta de forma paralela a la pandemia declarada por la expansión del Covid-19.
La emergencia sanitaria hizo que negocios quiebren, empresas recurran a despidos para subsistir e, incluso, reduzcan un porcentaje de sueldos a sus empleados, tal como también lo anunció el Ejecutivo sobre un recorte del 10% en los salarios de los servidores públicos.
José Vallejo, de 37 años, es servidor público y labora bajo las normas de un contrato ocasional. El Ejecutivo dispuso la reducción del 10% de los salarios de los empleados del Estado. Aunque todavía no le han notificado de ese recorte de sueldo, no sabe cómo se calculará que debe pagar de la pensión que mensualmente le debitan del rol de pagos para su hija de 11 años.
Cree que las autoridades no han sido eficientes al momento de informar sobre estos detalles, que afectan a buena parte de la población.
El funcionario está seguro que si sus ingresos se reducen, el dinero no le alcanzará para cubrir sus obligaciones y necesidades. Estima que el valor de las pensiones alimenticias debe ajustarse a los nuevos salarios.
Reducción en la recaudación
En un documento emitido el 9 de abril por el Consejo de la Judicatura (CJ) se informa que la recaudación en las pensiones alimenticias bajó de forma “injustificada” durante la segunda quincena de marzo.
Salim Zaidán, abogado y docente universitario, indicó que esta reducción en los pagos obedece a la crisis económica generada por la pandemia. En este contexto, sugiere que la Asamblea Nacional discuta una reforma en el Código de la Niñez y el Código Orgánico General de Procesos. Argumentó que se deben analizar alternativas para los alimentantes que no tienen relación de dependencia o ya no cuentan con recursos que les permitan solventar la obligación con sus hijos.
Agregó que el CJ debe utilizar su sistema de videoconferencias para tramitar procesos relacionados con incidentes de rebaja de pensión alimenticia.
“La emergencia hace que la tasa de morosidad se incremente y ni la Judicatura ni la Asamblea ofrecen una solución. La reducción de la pensión es indispensable ante la reducción de los ingresos”, cuestionó.
Conscientes del problema
María del Carmen Maldonado, presidenta del CJ, aseguró que la institución se prepara para una apertura parcial de actividades y habilitar los canales por los que se interpondrán los incidentes de rebaja. La anterior semana, el Comité de Operaciones Nacional (COE) Nacional, exhortó a la Función Judicial a que restableciera paulatinamente sus actividades, priorizando el uso de canales virtuales.
Maldonado explicó que el CJ no puede modificar el valor de la sentencia, al ser una decisión de un Juez, pero Zaidán dijo que entre las facultades del Pleno del organismo sí está la emisión de una resolución para implementar una plataforma digital, para que los jueces no dejen de despachar los incidentes de rebaja de pensiones alimenticias.
El abogado sugiere que se hagan audiencias por videoconferencias y, por medio de documentos digitales, probar los ingresos de los alimentantes para que los jueces sustenten sus decisiones. “Verificar los saldos en cuentas bancarias se puede hacer de manera digital. El CJ no se puede lavar las manos en este tema”.
Según Zaidán, el organismo sí podría abrir un sistema para cargar electrónicamente los documentos, registrar firmas electrónicas de los abogados y desarrollar las audiencias, donde estén las partes y tramitar las causas para fijar valores de la pensión.
Su preocupación es que los retrasos en las pensiones desemboquen en emisiones de boletas de apremio, que complicarían aún más la problemática de hacinamiento en el sistema carcelario.