Arnaud Peral, coordinador de la organización, evalúa el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
¿Qué mensaje dejan la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible a quienes piensan que el bienestar está solo en las manos de los Estados o, por el contrario, solo en las del libre mercado?
Es una agenda global muy ambiciosa, que conecta a la sociedad civil, las empresas, la academia, el Gobierno. Fue construida de forma participativa. En Ecuador ha habido una apropiación bastante buena. La red de empresas por el Pacto Global es un ejemplo. El Comité Empresarial, asimismo, ha articulado criterios de competitividad con los de responsabilidad social y ambiental. Lo que se busca es transformar la forma de producir y consumir. No hay que dejar de celebrar que los gobiernos locales han tomado la Agenda como su hoja de ruta de planificación y el gobierno de Lenín Moreno ha alineado su Plan Nacional de Desarrollo con estas metas globales.
¿La Agenda y los ODS no se convierten a la par en una alerta naranja sobre un mundo que, si sigue como está, ya no da más?
No hay que pensar en la 2030 solo como una agenda de bienestar. En efecto hay en ella una serie de semáforos incluso en rojo si se mira, por ejemplo, los niveles de pérdida de biodiversidad: más del 70% desde la década de los 70. Asimismo, frente a la multiplicidad de conflictos sociales o la xenofobia, la Agenda es una alerta que nos lleva a sentir la urgencia de entender que ya no nos queda mucho tiempo. Hay que volver a los equilibrios mínimos.
Para Naciones Unidas, ¿cuál es la respuesta de Ecuador frente a estos retos globales?
Es un país en un camino positivo, por voluntad política y por sus avances sistemáticos en garantizar derechos. La visión de no dejar a nadie atrás de la Agenda 2030 está muy presente en la política pública ecuatoriana. El último informe de país, que se presentó en junio, muestra logros en salud, educación y fortalecimiento del Estado de derecho. La firma del Acuerdo de París, la ratificación en la Asamblea del Protocolo de Nagoya (sobre recursos genéticos), la firma de la Ley de erradicación de las formas de violencia contra la mujer son pasos importantes.
¿Cuánta cara tiene que plantar aún el Estado frente a los miles de casos de violencia sexual contra los niños o los femicidios?
Todas las formas de violencia tienen costos exponenciales para la sociedad. Corresponde cambiar los patronales culturales que normalizan la violencia, establecer mecanismos de alerta temprana y definir procesos de acompañamiento a las familias.
¿Otro reto es la creación de una institucionalidad específica de combate a la corrupción y la impunidad?
El ODS 16, por ejemplo, habla del mejoramiento de los mecanismos de control. Hay que mejorar los procesos de contratación pública. Hay que evitar que la excepción se convierta en la regla.
¿Cómo ha avanzado el acompañamiento del Pnud en el análisis de la ruta del dinero que se fue por corrupción?
Hemos apoyado en el intercambio de buenas prácticas, de mecanismos que han funcionado en otros países, con visiones más técnicas a nivel de Fiscalía, el INEC, la Senplades. También ha habido un aporte en el trabajo normativo. Ecuador es firmante del Tratado contra la corrupción, desde 2015. Con el Pnud, a partir de una solicitud del Ministerio de Energía, ayudamos a realizar una licitación internacional de empresas para ese análisis y esperamos recibir en diciembre los informes finales. Esto es un modelo interesante, pero no muy usual dentro de Naciones Unidas.
¿Una experiencia como la de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala es replicable en Ecuador?
Es un caso muy específico el de Guatemala, y Naciones Unidas ha ayudado a montar una estructura. Hasta ahora es el único modelo que existe, no ha sido ni adaptado ni replicado en otros casos. Es muy inusual, porque tiene algunas atribuciones que corresponden a órganos de control del país. Entonces, es bastante complejo pensar que se puede adaptar o replicar ese modelo en otros países, desde el punto de vista legal o constitucional. Pero creo que hay experiencias interesantes de las cuales se puede aprender.
¿Otras instituciones del país han pedido este apoyo a Naciones Unidas?
El Ministerio de Finanzas, por ejemplo, ha pedido acompañamiento técnico para el tema del rastreo de dineros, para fortalecer mecanismos de control dentro de la institución.