Cesados de centros forenses plantearían Acción de Protección
El Ministerio del Interior trabaja en una solución. Hoy sí irán a trabajar los peritos.
Los peritos son auxiliares de justicia. Elaboran pruebas técnicas que les servirán a los fiscales para estructurar un caso.
“Si hay una mujer golpeada, un perito puede verificar cuál es la gravedad de las lesiones. Si existe una muerte, determinar cómo murió”. Con esos ejemplos, el director jurídico de Inredh, Daniel Véjar, enfatiza en la importancia de su trabajo.
En el país no hay peritos en todas las áreas. Lo confirmó el Consejo de la Judicatura y lo experimentan las partes procesales en diferentes casos. Aún así, 64 peritos del Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses fueron notificados que ayer era su último día de trabajo porque por la disposición gubernamental de austeridad no se les puede renovar sus contratos.
Sin embargo, como no han recibido una notificación por escrito, los peritos en Quito decidieron acudir hoy al edificio de Criminalística como si fuera un día normal de trabajo.
Ellos aseguran que hay hermetismo de las autoridades, al no ser informados de qué pasará con ellos. Lo que conocen es el tuit que publicó la ministra del Interior, María Paula Romo, señalando que “las partidas serán recuperadas”. A La Hora, Romo confirmó que la próxima semana el tema “estará resuelto”.
El problema
“El trato que se da a los peritos debe ser igual al que se da a los jueces, los fiscales o los médicos. Su trabajo es permanente y de alta especialización”. Paula Vernimmen, directora del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, reconoce el problema de la salida de los profesionales.
Dice que desde el año pasado se han realizado varios acercamientos con el Ministerio del Trabajo para abrir concursos, pero que esto no se ha dado. Lo mismo dice de los pedidos de aumento de presupuesto.
El Servicio, para operar adecuadamente, requiere 10 millones de dólares. El año pasado trabajó con cinco y para este se le asignaron tres. Pero, según los peritos, existe ineficiencia en la administración de la entidad, porque en 2018 se habría ejecutado alrededor del 50% del presupuesto.
Romo, además, cuestionó que en la institución sí se dieron nombramientos para 55 funcionarios administrativos. La Ministra recalcó que la entidad es autónoma, por lo que es responsable de gestionar sus partidas presupuestarias. Y, en Twitter, calificó de “grave error” no haber previsto las contrataciones.
Ahora se busca que los peritos ingresen a las excepciones del acuerdo interministerial, para volverlos a contratar y después abrir los concursos.
Vernimmen ofreció enviar a este Diario un informe con las gestiones realizadas para la generación de los concursos, pero hasta el cierre de esta edición el documento no fue remitido.
Las partidas serán recuperadas”. MARÍA PAULA ROMO,
MINISTRA DEL INTERIOR.