EN ESPERA DEL VETO
El tema de la libertad de expresión y, consecuentemente, de pensamiento y opinión, sigue siendo un problema para los medios de comunicación privados y estatales, pero sobre todo para los periodistas. Las cifras lo dicen: en 2018, a dos años del gobierno del presidente Lenín Moreno, en el país se registraron 144 agresiones a la libertad de expresión. La información la proporcionó Fundamedios, organización que durante la década pasada encabezó y libró duras batallas contra la censura correísta.
La Ley de Comunicación, que en los medios periodísticos por lo regular se la denomina “Ley Mordaza”, sigue sobre las cabezas de todos como una “espada de Damocles” que si por acaso vuelve a gobernar el país el totalitarismo le serviría como un instrumento represor incontestable. Además, el acceso a la verdad de los hechos, al que el correísmo puso múltiples barreras para ocultar la corrupción que protagonizaba, debería estar entre los objetivos de las reformas a la norma. Algo de lo que se habla muy poco y con poca claridad.
Según Fundamedios, las agresiones en 2018 provinieron de actores estatales, a través de medidas administrativas, legislativas y judiciales, promovidas por autoridades locales y funcionarios. Se dice que la próxima semana el Presidente enviará su veto a la Ley, luego de que la norma fuera reconsiderada y reformada por la Asamblea Nacional. Hay impaciencia por lo que en definitiva sea la Ley, en cuanto a si se la despoja finalmente de contendidos encaminados, en particular, a destruir el prestigio y la credibilidad de los medios de comunicación.