Fiscalía en terapia intensiva
Cada fiscal recibe, en promedio, 481 casos anuales. Se requiere 400 agentes para cubrir el déficit.
La Fiscalía, a criterio de su titular encargada, Ruth Palacios, trabaja “atada de manos”. Según la Constitución, el organismo tiene autonomía financiera y administrativa. En la práctica, no puede seleccionar personal, ni realizar concursos. Actualmente tiene 840 fiscales, pero necesita 400 más.
La realidad no es nueva. Desde 2014, cuando el Consejo de la Judicatura anunció un concurso, se hablaba del mismo déficit. Gustavo Jalkh, en esa época, ofreció que en 2015 los nuevos investigadores se iban a incorporar a la Fiscalía.
Pero el número se mantiene y la institución no puede contratar personal, ni para cubrir las 39 partidas de fiscales que renunciaron o fueron destituidos. Y la Judicatura de transición está impedida de continuar con el concurso, tras una disposición del Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Las autoridades permanentes serán las encargadas de hacerlo. Por lo que Palacios pide autonomía para la institución.
A criterio de Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, la Fiscalía sí requiere un mayor nivel de autonomía, para realizar sus propias contrataciones, pero esta no debe ser total, porque debe someterse a la Judicatura como órgano disciplinario.
Carga de trabajo
“Estamos realmente en alerta”, dijo ayer la Fiscal General (e) y puso de ejemplo a Orellana, donde hay dos fiscales. “Nos encontramos atados de manos”, repitió varias veces al explicar que no hay suficientes fiscales para investigar las 360.000 denuncias que ingresan anualmente. En promedio, cada fiscal recibe 481 casos al año, la mayoría por robo, violencia intrafamiliar, hurto e intimidación, los delitos más recurrentes desde 2014. Palacios anunció una reestructuración de la Fiscalía, para lo cual se revisarán las zonas que requieren mayor atención y las de menos carga laboral, para “desactivarlas” de ser necesario.
A estas denuncias se suman los informes con indicios de responsabilidad penal de Contraloría, que están represados desde 2006. Entre ese año y 2015 ingresaron 3.000 informes a los que no se ha dado trámite. “Estamos analizando con qué empezar”, dijo Palacios.
Otro inconveniente
Según la Fiscalía, los informes que ingresan desde Contraloría tendrían deficiencias. “Demando la colaboración institucional de la Contraloría, organismo que debe elaborar los informes debidamente motivados para justificar la responsabilidad correspondiente”, señaló Palacios. Además, hay informes para delitos que no requieren ese requisito de procedibilidad.
Entre junio de 2017 y enero de 2019, la Contraloría envió 372 informes, de los que se han abierto 209 indagaciones (ver infografía). La información que envía esa institución, así como la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) sirve de insumo para que la Fiscalía los sustente con su propia investigación.
Este Diario solicitó la postura del contralor general, Pablo Celi, sobre el tema. Sin embargo, desde la institución se indicó que no habría un pronunciamiento oficial.