Ecuador vuelve a Davos
Los casos de ‘Martha’ y Diana Carolina representan el ‘epicentro’ de una sociedad violenta.
Hay un mito, o tal vez varios. Dicen que son cosas de mala suerte: callejones oscuros o minifaldas, que ella se lo buscó, que qué hacía por allí… que las violaciones y los femicidios son tan solo una novedad. “Ocurren todos los días y los casos extremos no son aislados”, dice Daniela Salazar, vicedecana de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), quien asegura que el Estado no está respondiendo de forma oportuna ante las denuncias cotidianas en las que, muchas veces, se piden pruebas con estándares que no se ajustan a la realidad.
En un contexto en el que el 18% de casos de femicidio, en 2018, registraba antecedentes de violencia (según la plataforma Vivas nos Queremos), Salazar menciona que uno de los problemas más graves es que no se les cree a las denunciantes: “Muchas no se atreven a denunciar porque no confían en la Justicia, no saben o actúan con miedo porque piensan que les van a culpar”.
Con ella coincide Ana Cristina Vera, directora del Centro de Protección de los Derechos Humanos Surkuna, quien resalta que en situaciones de violencia contra la mujer el sistema ve a las afectadas como sospechosas. Según Vera, es necesario que se transmita un mensaje de no impunidad y rechazo a la violencia, directamente desde las autoridades.
Asimismo, Vera critica el hecho de que aunque la ‘Ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres’ entró en vigencia en febrero de 2018, no cuenta con el presupuesto y tampoco con el organismo rector que era el Ministerio de Justicia, que se disolvió y ahora es parte del Ministerio de la Política y Derechos Humanos. Además, insiste en que los cambios deben implementarse primero en la educación sexual para los niños y adolescentes.