LEGALIZAR ES EL CAMINO
Desde hace muchos años, y en especial en los últimos diez, a la opinión pública se confronta con un dilema complejo: el de la minería, legal, el de la ilegal y la protección del medio ambiente. Cada uno de los interesados echa mano a la Constitución y a las leyes vigentes, contradictorias y superpuestas, paradójicamente tituladas como “orgánicas”, es decir, que suplen a las anteriores.
La minería ilegal, antitécnica y depredadora, no aporta al fisco y daña los entornos naturales y es el ejemplo que sustenta las tesis de los sectores ecologistas. Sin embargo, genera empleos que la sociedad es incapaz de brindar, sostener, respaldar legalmente y dar protección a quienes los desempeñan. En este contexto se ubica la minería legal, o sea, la que sigue las normas vigentes.
En ese saco se incluye toda la minería, sin tener en cuenta siquiera como dato, que hay países (vecinos o no) en los que esta actividad económica se desenvuelve adecuadamente y les genera grandes recursos. Mientras en Ecuador, por ejemplo, representa solo alrededor del 0,5%, en el Producto Interno Bruto (PIB), en Chile es el 10%, en Perú el 8,7%; Colombia el 2,1% y Panamá el 2%.
La minería ilegal se desenvuelve en un clima violento que generan grupos irregulares que desafían a los sistemas de seguridad estatales. Este panorama lesivo a los intereses nacionales debe cambiar. Hay que legalizar a los ilegales y exigir que observen los estándares internacionales a ellos y a las empresas legalmente constituidas. Siempre respetando los derechos que la Constitución otorga a todos, incluida la naturaleza.