Solo al 14% de reos del país se le ha hecho una prueba de Covid-19
Hay 805 contagiados y 24 fallecidos. Asociaciones califican como negligente la falta de ‘test’ e insumos médicos.
En Ecuador hay cerca de 38.000 presos y a 5.339 les han realizado pruebas para la detección del Covid-19, en lo que va la emergencia sanitaria, según información emitida por el Ministerio de Salud. De estas, 2.720 son rápidas y 2.619 PCR; esto quiere decir que solo un 14% de los reclusos cuenta con un diagnóstico. Hay 805 contagiados y 24 fallecidos.
Bianca Gavilánez, abogada de la Fundación Dignidad, señala que hasta la semana pasada -después de tres meses de la pandemia- el porcentaje de pruebas hechas era menor al 10%.
La funcionaria, junto a otras organizaciones de la sociedad civil y familiares de los reclusos, ha emitido varios exhortos pidiendo que se realicen ‘test’ a toda la comunidad. Dice que se ha actuado de forma negligente.
“El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) emitió un protocolo de actuación el 23 de marzo. En ese mes no se hizo nada, en abril tampoco y en mayo, tras una alerta de un contagio masivo, empezó a hacer pruebas”, indica Gavilánez, refriéndose a la cárcel de Ambato que, el 21 de mayo, reportó 420 contagios dentro de su población, que es de 666 personas.
Gavilánez señala que Edmundo Moncayo, director del SNAI, ha manifestado que los exámenes de detección son solo para los reclusos que presentan síntomas. Este no es un buen razonamiento, sostiene la defensora, pues “no se puede dejar de lado a los pacientes asintomáticos, más en una población que vive en hacinamiento”.
El último reporte de cárceles, emitido el 27 de mayo, indica que existe un 28.69% de hacinamiento, esto se mide por el número de camas en los Centros de Rehabilitación. Por lo que, más de 8.000 internos no tendrían una cama. “La verdad no sabemos dónde duermen”, agrega Gavilánez.
Colapsar más el sistema
Adrián Unda, médico general, señala que la Organización Mundial de la Salud, durante los primeros días del brote, alertó a los países para que tengan especial cuidado en las cárceles. “Además de ser un criterio que ampara los Derechos Humanos. También busca evitar colapsar más el sistema sanitario. Si se agrava la situación y los presos necesitan ir a la Unidad de Cuidados Intensivos, dónde van a ir si estamos al 100%”, agrega.
Amanda R., cuya pareja, está en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, dice que ni siquiera ante la duda hay tratamiento oportuno. “Mi esposo me contó que tuvo fiebre varios días, que sus compañeros del pabellón donde está pidieron que le atienda un doctor, pero no le ayudaron”.
A esto se suma la falta de insumos de bioseguridad. Según el Ministerio de Salud Pública, proveer de estos materiales, es competencia del SNAI.
Gavilánez señala que en la última comparecencia de Moncayo, en la Asamblea Nacional, señaló que había falta de presupuesto. “Sabemos que ni la mitad de la población penitenciaria cuenta con mascarillas o gel”, agrega la abogada.
A finales de este mes, 20 organizaciones civiles, que conformaron la ‘Alianza por los Derechos Humanos’, emitieron un oficio para que las autoridades atiendan la “situación crítica” dentro de las cárceles; además, indicaron que los contagios podrían ser más de los que dice la información oficial, por lo que reiteraron la importancia de realizar pruebas PCR.