Ola Bini seguirá detenido
El sueco Ola Bini continuará bajo prisión preventiva después de la decisión de mayoría del Tribunal de apelación de la Corte Provincial de Pichincha. Ayer se desarrolló la audiencia de apelación.
Los jueces Juana Pacheco y Fabián Fabara argumentaron que hay una noticia del delito de varias fuentes, entre ellas las declaraciones de la ministra del Interior, María Paula Romo, y del presidente, Lenín Moreno. También que habría un riesgo de fuga, por los reiterados viajes de Bini, y riesgo a la investigación por los conocimientos de este.
Mientras la jueza Inés Romero indicó que la Fiscalía no tenía suficientes elementos para justificar la prisión preventiva, ni que existen suficientes indicios para determinar el presunto cometimiento del delito y la responsabilidad del procesado.
El experto en informática está detenido desde el 11 de abril en el Centro de Detención Provisional (CDP) de El Inca. El 12 de abril, el fiscal Édgar Chávez le formuló cargos por el delito de ataque a la integridad de sistemas informáticos y usó los elementos de convicción para pedir la prisión preventiva.
Sin embargo, los abogados José Charry y Carlos Soria la apelaron por considerarla “incorrecta excesiva y que vulnera derechos”.
Argumentos
Los jueces Inés Ramos, Fabián Fabara y Juana Pacheco se demoraron más de tres horas para analizar los argumentos de los abogados y el fiscal.
Por un lado, Charry señaló que Fiscalía no tendría elementos de convicción relevantes para sostener una prisión preventiva, que los indicios no determinarían el presunto cometimiento de un delito y que el caso se basa en presunciones.
Mientras que el fiscal repitió los elementos de convicción que dio en la formulación, como el informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), donde se determina que Bini tuvo ingresos por más de 272 mil dólares, entre 2011 y 2019, y el movimiento migratorio, que muestra 150 viajes entre 2013 y 2019, de ellos 15 a Londres. Además, partes policiales y el listado de dispositivos electrónicos incautados.
Chávez dijo que Bini no habría cooperado y no habría proporcionado información sobre la proveniencia de sus ingresos, a qué se dedica y cuáles son sus clientes.
Los abogados negaron ese criterio y cuestionaron si el Estado tiene el derecho de decirle a Bini que abra y justifique su vida para determinar un delito.