En pie de lucha contra antena
La justicia local les ha sido adversa y plantearon recurso a nivel nacional. Siguen en medida de hecho.
La batalla de los moradores del barrio El Capulí, ubicado por la vía a la parroquia Malacatos, que se resisten a que en su comunidad se coloque una antena de telefonía celular, de la empresa quiteña SBA Torres Ecuador Sbaec S.A., continúa y afirman que no se cruzarán de brazos y no permitirán que el derecho a vivir saludablemente se vulnere.
A la preocupación que desde siempre han tenido los habitantes de ese sector ante la falta de obras básicas de parte de las autoridades del Municipio y quién sabe de la Prefectura de Loja se suma el pánico que de la noche a la mañana les genera la colocación de esa antena que ha sido autorizada por quienes administran esas dos entidades gubernativas.
Vulneración a la vida
El lunes primero de octubre de 2018, los moradores del barrio Capulí denunciaron la violación de su derecho a vivir en un ambiente sano, que se produciría por la instalación de la antena de base celular, a la Coordinación Zonal 7 de la Defensoría del Pueblo en Loja, que el viernes 5 de octubre de ese año inicia una investigación.
Pero, el martes 6 de noviembre de 2018 un grupo de moradores de ese barrio periférico acudieron imprevistamente a las instalaciones de la Defensoría del Pueblo de Loja para informar que los trabajos iniciaron y que ellos requerían de una acción inmediata para impedir se cometa una violación a sus derechos constitucionales.
9 MESES de angustia para los moradores.
No darán tregua
Desde entonces los moradores de ese barrio no han dado tregua a su decisión de no permitir que se coloque la antena y su resistencia ha sido evidencia en las calles en donde a través de carteles expresan que ellos le dicen ‘No al proyecto radio base celular’ porque les generará radiación que le llevaría a contraer enfermedades que les produciría cáncer.
Martha y Mariana comentan que las personas interesadas en colocar la antena no han aparecido por el barrio, mas ellas dicen que seguirán en pie de lucha y ante la negativa de las autoridades judiciales locales que no aceptaron una acción de protección el caso se ventila a nivel nacional mediante una acción extraordinaria de protección.