CRIMEN DE LESA HUMANIDAD
La trama correísta por ocultar la realidad de la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 (30-S) tuvo un capítulo intolerable para el sistema judicial, cuando la Jueza de la Unidad Penal declaró la nulidad del proceso por la muerte de Froilán Jiménez. Consideró que se vulneraron los derechos de los procesados y de la víctima, así como la seguridad jurídica. Es inaceptable que desde la formulación de cargos del 5 de septiembre de 2018 el expediente estuvo sin fiscal.
El problema de fondo del proceso, cuya investigación volvió a la Fiscalía, fue ocultar del papel que desempeñaron y la responsabilidad en los hechos de Correa y de los ministros de Defensa, Xavier Ponce, y de Gobierno, Gustavo Jalk, en lo que podría calificarse como un delito de lesa humanidad. Es evidente para la opinión pública que la actuación del Fiscal responsable del caso, y la “desorganización” de la Fiscalía, afectaron al debido proceso.
Las cabezas de entonces de la institución, ¿qué rol jugaron en tan evidente negligencia? Cualquier conocedor de cómo es y cómo debe desempeñarse la Fiscalía, concluye, dados los hechos, que existió un plan para blindar a esos funcionarios y dotar a Correa de un “acto heroico”, para parangonarse con sus pariguales del socialismo del siglo XXI (Castro, Morales, Ortega y Chávez) con antecedentes de lucha militar y sindical.
Los militares y policías del 30-S cumplieron órdenes de su Comandante en Jefe, es decir, Correa. La revuelta policial se originó en la “payasada” y el histrionismo de un Jefe de Estado irresponsable e ignorante de sus funciones. Froilán Jiménez y sus compañeros, obligados por orden superior a tomar parte de ese triste episodio, claman por justicia. Los ecuatorianos también, para que los verdaderos responsables sean juzgados y sancionados.