14 arbitrajes internacionales activos tiene el Estado
Uno de los casos está por cerrarse. Recientemente ingresaron dos nuevas controversias internacionales.
Ecuador tiene 14 arbitrajes internacionales activos, siete comerciales y siete de inversión. En 13 de ellos el Estado ha sido demandado y solo en uno es el demandante, pero a esos procesos se añadirían dos más.
La Procuraduría fue notificada de dos nuevas controversias internacionales. Una de la compañía australiana WorleyParsons, que ha sido investigada por presuntos casos de corrupción en Petroecuador cuando actuó como fiscalizadora en la Refinería de Esmeraldas.
La otra es de la empresa China Road and Bridge Company, la cual reclama un presunto incumplimiento del contrato con el Municipio de Quito en la ejecución de garantías por la construcción de la Solución Vial Guayasamín.
Desde la notificación corre una ‘etapa de enfriamiento’ de tres meses, para tratar de llegar a un acuerdo, explicó el procurador Íñigo Salvador. De no existir un trato, iniciará el proceso arbitral para el cual se designará un Tribunal y se fijará una agenda procesal tentativa.
Los procesos más recientes que maneja la Procuraduría son de las empresas Inter Rao UES, una empresa rusa que proporcionó material tecnológico para la construcción de la central hidroeléctrica Toachi-Pilatón y la empresa Gente Oil, por el Contrato de Prestación de Servicios en el campo petrolero Singue. En ambas controversias ya se designó un Tribunal Arbitral.
Un caso por cerrarse
La demanda que presentó la petrolera anglo-francesa Perenco en contra del Estado en abril de 2008 está por cerrarse, confirmó Salvador. La empresa demandó al Estado por una supuesta violación al Tratado Bilateral de Protección de Inversiones, suscrito entre Ecuador y Francia, por la aplicación de la Ley 2006-42.
La normativa regulaba los ingresos extraordinarios obtenidos por los contratistas del Estado en contratos de participación, como consecuencia de los precios extraordinarios de petróleo. Ecuador alegó que la petrolera abandonó la operación de los bloques 7 y 21, tras lo cual el Estado asumió la operación, mientras que la compañía argumentó una expropiación ilegítima de la inversión.
La última audiencia fue en marzo y se espera que el laudo se conozca este año, entre julio y septiembre. Salvador indicó
que no puede adelantar criterio sobre el posible contenido de la resolución.
La defensa del Estado
La Procuraduría, en el tiempo de austeridad anunciado por el Gobierno, mantiene los mismos estudios jurídicos extranjeros, porque “no hay peor estrategia que cambiar los abogados en medio del proceso”, señaló Salvador, quien aclaró que se ha reducido el número de horas que se factura con ellos.
Esto porque funcionarios de la entidad han asumido ocupaciones que antes se delegaban a las firmas internacionales, como la redacción de escritos. Ahora, para Salvador el reto más grande es que el Estado implemente “mecanismos de seguimiento permanente de la ejecución de contratos”. Él ha identificado tres “grandes trabas” para evitar que inicien demandas internacionales.
Los contratos no son bien negociados, no están bien ejecutados y no hay una predisposición de los funcionarios públicos para llegar a acuerdos que eviten los arbitrajes, por temor de que la Contraloría establezca responsabilidades en su contra.