Tres inconstitucionalidades en la nueva Ley tributaria
Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), acudió ayer a la Corte Constitucional para interponer una demanda de inconstitucionalidad sobre un aspecto de forma y dos de fondo de la Ley de Progresividad y Simplicidad Tributaria, aprobada por la Asamblea el 30 de diciembre de 2019.
“Nuestro deber como representantes del sector productivo es velar por la seguridad jurídica en el país. Hay impuestos que no pueden ser cobrados por la renta causada en 2019, hay impuestos que no son progresivos. Eso es lo que más nos preocupa”, dijo.
En concreto, según explicación de Stalin Raza, abogado de la CCQ, la demanda establece, en primer lugar, la ilegalidad de la disposición general quinta, que “fue aprobada irregularmente por el Ejecutivo y el Legislativo”.
Esta disposición dice que las normas tributarias que regulan el Régimen Impositivo para Microempresas y el Régimen para el Tratamiento de Rentas Derivadas de la Distribución de Dividendos serán aplicables a partir de la publicación de esta Ley en el Registro Oficial.
Vulneración
Con esto, los empresarios consideran que se está “vulnerando el principio de que las leyes no puede ser retroactivas y afectar el retorno previsto, proyectado por un accionista en años anteriores”.
Los otros dos puntos demandados son que el cobro del Impuesto a la Renta sobre la distribución de las utilidades a
las empresas extranjeras debe hacerse desde 2021, con base en las ganancias de 2020. Las autoridades pretenden que se haga ese pago desde este año, partiendo de lo ganado el año anterior (2019).
Finalmente, Alarcón recalcó que también es inconstitucional que, a través de la contribución especial a las grandes empresas, se quiera cobrar un impuesto sobre la base de las ventas de 2018; es decir, sobre la facturación pasada y no futura. Al igual que la demanda presentada por el bloque del Partido Socialcristiano, la Cámara de Comercio ha pedido que, mientras se llegue a un veredicto, estos aspectos de la Ley sean suspendidos temporalmente.
“En general, como gremio no creemos que esté bien que se suban impuestos en el país, especialmente en este momento en que la economía está pasando por una etapa recesiva. La tasa efectiva de cobro a las empresas es del 42%”, comentó Alarcón.