BOTíN EN COMPRAS Y CONTRATOS
La Contraloría General del Estado determinó indicios de responsabilidad penal en los procesos contractuales y precontractuales de la construcción del Hospital Básico de Pedernales. La obra, que fuera motivada como medida de reparación después del terremoto de 2016, involucra a empresarios, técnicos, funcionarios públicos y hasta al asesor de un asambleísta.
El informe de Contraloría señala que no hay justificativo para el gasto de 7,3 millones de dólares, que se habrían esfumado del anticipo entregado por el Estado para la construcción.
Sorprende y complace la celeridad que se dio a este examen de Contraloría, mas preocupa que tantas irregularidades cometidas durante la administración del actual gobierno, hayan pasado desapercibidas.
Lejos de ser un hecho aislado, demuestra la corrupción sistémica en los procesos de contratación y compras públicas. Oferentes tanto de obras millonarias, como de compras de “cuantías ínfimas”, son fabricados o maquillados para asegurar que se “cumplan” los requisitos de la ley y los “sistemas de verificación”. Basta con revisar los portales de “transparencia” para encontrar números de RUC que en un concurso ofertan insumos médicos; en otro, materiales de construcción y ferretería; en otro, figuran como agencias de comunicación y relaciones públicas.
El último boletín de prensa de la Contraloría cita que “estos hechos configuran indicios de delitos en contra de los recursos públicos.” En realidad, son delitos en contra del pueblo ecuatoriano.