Corte Constitucional llama al Gobierno a mejorar el sistema carcelario
La Corte Constitucional (CC) aceptó la extensión de 30 días del estado de excepción para el sistema carcelario. Sin embargo, el fallo también representa un ‘jalón de orejas’ al Gobierno por la “falta de actuación oportuna y adecuada por parte del Estado para atender problemas estructurales que históricamente han afectado los derechos de las personas privadas de la libertad”.
Para Itania Villarreal, exdirectora de Rehabilitación Social, la sentencia del organismo le hace ver al Gobierno que el problema es estructural, que existe falta de operatividad y diligencia de las autoridades en materia penitenciaria. “No se deben solicitar estados de excepción cada vez en cuando y no mejorar la situación”, dijo.
Explicó, además, que la CC anota que los motivos por los que se pide la extensión del estado de excepción son recurrentes y que no se ha aprovechado de esta medida para subsanar los problemas de hacinamiento, corrupción, mafias organizadas por los privados de la libertad, entre otros. Cuenta pendiente Santiago Arguello, criminólogo y experto en materia carcelaria, coincidió con Villarreal y acotó que el próximo Gobierno debería resolver una cuenta pendiente arrastrada por varias administraciones.
Señaló que una de las formas es seleccionando personal calificado para que esté frente al manejo del sistema penitenciario. Cuestionó el hecho de seleccionar para esos cargos a expolicías, pues, según dijo, ellos no tienen la capacidad de administrar instituciones complejas como las cárceles.
Cuestionó también que se recurran a los estados de excepción para el manejo de emergencias que ya debían haber sido solucionadas. “Es una situación reiterada y permanentemente crítica del sistema carcelario”, dijo. Fallo En la quinta resolución del fallo, la CC, insistió, por segunda ocasión, al presidente de la República, Lenín Moreno, que emprenda acciones para dar soluciones estructurales a la crisis, más allá de las medidas extraordinarias del estado de excepción.
Asimismo, los magistrados, dispusieron a Moreno a que, en el lapso de 20 días luego de haber finalizada la renovación de esta medida, remita a los jueces y a la Defensoría del Pueblo un plan de acción a mediano plazo para enfrentar la crisis.