¿Contralor y jefe de corrupción?
Uno de los problemas más acuciantes del país se centra en desmantelar las redes de delincuencia organizada forjadas durante 14 años por el hediondo correísmo.
El presidente electo Guillermo Lasso, que parece un libérrimo renovador y modernista pasteurizado, tendrá que aniquilar el saqueo público, lograr la devolución de lo robado y apresar a los corruptos. La justicia de EE.UU. confirmó delitos de lavado de activos en Petroecuador, Seguros Sucre, pagos de Odebrecht y el desvío de fondos del Instituto de Seguridad de la Policía. Sin embargo, falta completar la investigación en torno al tráfico de influencias en la secretaría de la Presidencia, municipio de Quito y prefectura de Pichincha; además, la conspiración desde la rectoría de universidades seudo-privadas como UTE y la Pontificia Católica que funcionaron como unidades de adoctrinamiento y censura del ‘Socialismo del Siglo XXI’. La una con deudas millonarias con el IESS e ISSPOL; la otra, en claro utilitarismo religioso.
El caso del apresamiento del contralor Pablo Celi y del secretario presidencial, José Augusto Briones, junto a otra red de corrupción por contratos entre Petroecuador y la empresa Nolimit S.A. serían un detonante inicial. Una mecha encendida para activar el segundo paso judicial que exige la reparación económica del atraco.
De ahí la importancia no solo de destituir al alcalde Jorge Yunda por su vinculación con el crimen organizado en Quito sino la necesidad de establecer políticas de compensación a corto y mediano plazo.
El posible delito de lesa humanidad por el pésimo manejo de la pandemia, con un desborde inusitado de víctimas por ineptitud administrativa y el enriquecimiento mafioso no justificado encienden un hilo conductor para la rendición de cuentas que tendrá que trabajar el nuevo gobierno. Más que nunca la corrupción, el lavado de dinero y la evasión fiscal requieren de una postura fija, planificada y consensuada.